Por Edwin Miranda V. / Activo$ Bolivia-La Paz
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) alertó hoy miércoles que la Ley de Diferimiento afectará al 90% de la cartera si el Reglamento autoriza un beneficio generalizado, mientras el Gobierno respondió anunciando que en las próximas 72 horas aprobará dicho Reglamento para que entre en vigencia plena, conoció Activo$ Bolivia de fuentes oficiales.
La cartera de créditos del sistema de intermediación financiera hasta el mes de abril de 2020 llegó a 183.250 millones de bolivianos ($us 1.275.240 MM).
Los fondos estaban distribuidos en el sistema de la siguiente manera: 78,3% en Bancos Múltiples, 10% en Bancos Públicos, 3,7% en Cooperativas de Ahorro y Crédito, 3,1% en Instituciones Financieras de Desarrollo, 2,2% en Bancos PYME, 1,6% en Entidades Financieras de Vivienda y 1,1%6 en Bancos de Desarrollo Productivo, reportó la Autoridad de Fiscalización y Supervisión del Sistema Financiero (Asfi).
La Ley puso en riesgo «entre el 80 al 90 por ciento de la cartera que tienen varias entidades financieras que trabajan con préstamos menores a un millón de bolivianos», declaró el presidente de Asoban, Nelson Villalobos a medios locales en La Paz.
De hecho «el mayor número de prestatarios son los que tienen créditos menores al millón de bolivianos y entre el 80 al 90 por ciento de los deudores al sistema están ubicados en este rango», precisó el directivo financiero.
Si esta es la realidad de la banca «una medida de diferimiento generalizado llegará a afectar al 90% de la cartera de determinadas entidades, dependiendo del nicho donde operan porque unas están con los microcréditos, otros con las pequeñas y medianas empresas», recalcó Villalobos para quien la norma definitivamente no contribuye a reactivar la economía nacional.
Medida política y electoral
La banca también salió al paso de la decisión del Gobierno de Añez que optó por promulgar la ley ante amenazas de la Cámara de Senadores, que, a través de su presidenta, Eva Copa, amenazó el lunes que ella firmaría la norma si la Jefa de Estado no cumplía con su obligación constitucional.
«La sanción de esta Ley tenía más bien motivos políticos y electorales, no se estaba viendo desde un punto de vista técnico y de una necesidad de reactivación de la economía», afirmó tajante el vocero oficial de la banca.
Ahora la «Ley fue promulgada, va ser cumplida por los bancos, el Poder Ejecutivo anunció la aprobación de un Reglamento; esperemos que exista cierta racionalidad en la línea que señalamos, es decir, no un diferimiento general, sino (llegue) a quienes realmente necesitan apoyo financiero», señaló Villalobos.
Por su lado, el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Ortiz, adelantó que se ha formado una instancia técnica entre el equipo económico del Gobierno con el Banco Central de Bolivia (BCB), la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), la Autoridad de Seguros y Pensiones (ASP) y con los bancos más grandes, para comenzar a hilvanar el Reglamento.
Sin filtros
De su lado, varios dirigentes del transporte sindicalizado en La Paz advirtieron al gobierno que no permitirán que el Reglamento de la Ley de Diferimiento «discrimine a los prestatarios».
«La Ley es para todos, por lo tanto, si el Reglamento excluye a unos en detrimento de otros, no lo vamos a permitir; es más, volveremos a las medidas de presión; no está descartado un paro general indefinido», amenazó Ismael Fernández, directivo del autotransporte. Además, el sector exigió formar parte del equipo que redactará el Reglamento para la vigencia de la Ley de Diferimientos. «Estamos esperando la convocatoria del gobierno», anticipó Fernández.