Edwin Miranda V. | Activo$ Bolivia-La Paz

La decisión del Gobierno de aprobar, a toda costa, el proyecto de ley contra legitimación de ganancias ilícitas obligó a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) a promover una reunión nacional para analizar los perjuicios que podría generar para el sector, informó el gerente general de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) Gustavo Jáuregui.

En las próximas horas, la cúpula empresarial del país emitirá una posición oficial sobre el proyecto normativo luego de haber concluido el intercambio de criterios que comenzó este miércoles, anticipó Jáuregui sin hacer conocer mayores detalles. El encuentro fue virtual y comenzó pasadas las 15:00.

Dijo que “es un tema que preocupa y está en la agenda de la Confederación” y puso en antecedentes que la CNC promovió, la semana pasada, una reunión con el ministro de Economía Marcelo Montenegro para intercambiar criterios sobre la norma que ha levantado polvareda en varios sectores de la actividad económica, pero también en otros sectores.

Luis Barbery, presidente de la CEPB, en una imagen de archivo. (Foto: callebolivia.com)

En el encuentro con el ministro se establecieron “criterios técnicos referidos a la norma, pero ahora corresponderá a la CEPB hacer conocer, oficialmente, lo que piensa el sector al respecto”, dijo Jauregui.

ASP-B en la mira

El encuentro nacional de los empresarios incluye en su agenda el conflicto tarifario entre la Administradora de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) y la Empresa Portuaria Arica (EPA) por los servicios que presta en la terminal marítima.

Según Jáuregui, la situación es crítica y genera “desatención a la carga boliviana en tránsito por el puerto de Arica, producto de la falta de pago por los servicios portuarios a la TPA (Terminal Portuaria Arica-concesionario privado que administra el puerto).

Si en las próximas horas no existe solución al impasse, los empresarios anunciaron que tomarán medidas junto a otras instituciones involucradas en el comercio exterior para resolver un problema que es estrictamente administrativo, pero que está generando tensión innecesaria con Chile. “Y lo peor, perjudicando al comercio exterior boliviano y entorpeciendo la reactivación económica que necesita el país”, dijo Jáuregui.