Redacción: Activo$ Bolivia
Nunca antes tambalearon tan frágilmente los cimientos de la construcción en Bolivia, al punto que unos avistan una inminente caída e incluso extinción del empresariado constructor; otros, sin embargo, depositan su fe en el pago de las deudas por parte del Estado y la aplicación de medidas urgentes como aliviar la carga impositiva, liberar las garantías de obras concluidas y otorgar seguridad jurídica, a modo de salvataje.
De acuerdo con datos de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), al primer trimestre de 2020, la caída en el sector construcción ya era de -19.21%. Esta cifra se profundizó aún más debido a los pocos desembolsos de créditos destinados a este sector en el sistema financiero nacional.
Datos
La tasa de desempleo abierto calculada por el INE al mes de julio de este año llega al 11,8% de la población, indicador que casi triplica al registrado los primeros meses, antes de la crisis económica generada por la pandemia.
Otro factor negativo es el presupuesto de inversión pública programado para 2020, que es menor en 17.5% respecto a 2019. A estos índices rojos, el Banco Central de Bolivia ha previsto una contracción del sector en un 18%.
Por otro lado, según un informe del SIN, la población desocupada cesante afectada por la cuarentena, de abril a julio, ya bordeaba los 200 mil trabajadores, todo lo contrario de gestiones anteriores cuando la construcción era líder en la generación de empleo. A este panorama sombrío, el Índice Global de la Actividad Económica (IGAE) de junio de 2020 añade que la actividad económica de la construcción presentaba una caída acumulada del -30,03% con relación al mismo período de 2019.
Santa Cruz
«Con la llegada del coronavirus al país, comenzaron cambios drásticos ocasionando un importante impacto en la economía y la construcción; la paralización de las actividades del rubro afectó a todos los eslabones por la falta o disminución de la demanda de los productos, desde los que producen materia prima, pasando por los distribuidores de materiales, hasta los que construyen las obras, entre otros», afirma el presidente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Aldo Sülzer Limpias.
Un levantamiento de datos realizado por Cadecocruz junto con otras cámaras departamentales y la Caboco estableció que las deudas hacia la construcción ascienden a Bs 1.969.815,000, cuyo mayor deudor es el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda con Bs 262 millones.
En ese sentido, Cadecocruz viene realizando intensas gestiones ante las autoridades con diversas propuestas para lograr que se les pague esas deudas acumuladas, porque ese no pago afecta los flujos de las empresas y pone en riesgo la viabilidad o continuidad de muchas de ellas.
Mora crediticia
Entre 2015 y el 30 de junio de 2020, la mora del rubro constructor pasó de 1,74% a 2,38%, indicadores que, si bien muestran un incremento, se encuentran en niveles totalmente manejables en el sistema financiero.
Entre las propuestas está la constitución de un fideicomiso administrado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para que cancelen las deudas por planillas de avance de obra con un porcentaje de descuento y posteriormente cobre a las instituciones deudoras.
«No hemos tenido respuesta, pero continuamos con las gestiones para impulsar la reactivación del sector y de nuestras empresas, ya que las medidas que ha adoptado el Gobierno no han solucionado esta preocupante situación», lamenta Sülzer. De acuerdo con Cadecocruz, las deudas de las administraciones públicas del Estado (nacionales y subnacionales) con las constructoras del país por concepto de Planillas de Avance de Obra impagas son alrededor de Bs 2.500 millones.
Reactivación
Cadecocruz, con el apoyo de todas las empresas asociadas, realiza ante el Gobierno y los entes contratantes una serie de planteamientos para reactivar al sector, tales como:
—Cobrar las deudas de las instituciones públicas con las empresas constructoras por planillas de avance de obra impagas, que ascienden a 2.500 millones. Esto fortalecería patrimonialmente para que las empresas sigan operando y afronten en mejores condiciones esta delicada situación.
—Poner en marcha de manera inmediata un Plan de Inversión Pública de Emergencia para realizar obras de escasa complejidad y elevada demanda de mano de obra e insumos nacionales, con una inversión que bordee los Bs 7.000 millones.
—Agilizar los procedimientos de licitación y adjudicación para que las obras se pongan en marcha a la brevedad posible.
—Fortalecer la liquidez del sistema financiero para que pueda mantener e incrementar su cartera de vivienda y de vivienda social, de manera que tenga posibilidades de sostener la demanda del sector inmobiliario y la puesta en marcha de nuevos proyectos de inversión. Para Sülzer, si no se logra establecer medidas que sostengan la demanda de vivienda y no se pone en marcha un agresivo plan de inversión pública, la recuperación del sector constructor será «lenta» y es posible que requiera de dos años para volver a los índices registrados antes de la crisis.
Cochabamba
El caso de Cochabamba también preocupa, puesto que los permisos para construcciones conurbanas en Cercado, Quillacollo, Punata, Sacaba, Tiquipaya, Colcapirua y Vinto durante 2019 fueron 1.452, en cambio en los nueve meses de 2020 estos permisos se redujeron a tan sólo 168, siendo abril un mes de caída absoluta, puesto que no se registró ningún permiso.
En ese sentido, el presidente de la Cámara Departamental de la Construcción de Cochabamba (Cadeco), Rolando Solares, señala que el levantamiento de datos realizado en junio para el sector, se pronostica un retroceso del -6.38%, «diferente a lo que antes aportábamos nosotros, con un crecimiento incluso del 14.52%».
Solares explica que existieron muchas trabas y obstáculos, tanto políticas como sociales, que mermaron la capacidad operativa del sector, al que lo dejaron contra la pared, sumando a ello la pandemia por el coronavirus.
Aporte al PIB
La contribución del sector al PIB Nacional la gestión pasada llegó al 2.88%, que está dentro del promedio de los últimos 5 años; lo alarmante es que esta contribución bajó a solo el 1.99% el primer trimestre de 2020.
«Cochabamba no sólo vivió los 21 días de conflictos en octubre y noviembre del año pasado, sino que se extendió a 35 días, lo que desaceleró la inversión para la construcción. Es importante anotar que a la fecha muchos proyectos están totalmente paralizados, sin embargo, tuvimos que pagar a los empleados, pagar nuestras obligaciones. Nosotros tuvimos que asumir los costos laborales y financieros de esos conflictos. Y cuando creíamos que la situación iba a mejorar, cuando nos preparábamos para la reactivación, vino la pandemia del coronavirus. En este momento, el 98% de las deudas que se contrajeron con las distintas empresas constructoras están impagas», lamenta el directivo.
«Este descenso en el crecimiento del sector ha provocado que el 78% de las empresas tenga que reducir personal, asimismo, el 39% actualmente debe seguir reduciendo aún más, y de aquí a 12 meses estimamos que el 25% de dichas empresas tendrán que lastimosamente cerrar operaciones».
Planteamiento
Desde la Cadeco se está realizando gestiones con los distintos niveles de gobierno a fin de que los proyectos paralizados se ejecuten sin retraso o demora alguna, además de otros proyectos de interés para la región, puesto que se vislumbra un horizonte de reactivación para Cochabamba, siempre y cuando las instituciones y las autoridades generen espacios de acuerdos y diálogos fructíferos.
En ese entendido, Solares describe los proyectos que se gestionan desde Cochabamba para comenzar el «verdadero proceso» de reactivación económica, con un fuerte énfasis en la condonación de compromisos económicos y la atención de necesidades urgentes para el departamento.
«Estamos buscando que todos los proyectos que quedaron paralizados se ejecuten y tengan el financiamiento correspondiente, es decir, que se honren las deudas que tienen con las empresas y que se cancelen a tiempo las planillas correspondientes. Por otro lado, estamos generando una Agenda Departamental con otras instituciones para conocer las necesidades de la región y así impulsar la reactivación económica, de alguna forma, del sector de la construcción», expresa.
Permisos
Con base en el INE, los permisos de construcción eran, a nivel nacional, en un promedio de 5.977, sin embargo, con la crisis sanitaria, dichos permisos se redujeron a 780. Abril fue el mes que no registró ningún permiso.
La Paz
El sector constructor casi siempre ha sido uno de los mayores en ejecutar las inversiones del Estado y uno de los sectores económicos que más empleo genera. Sin embargo, la falta de pago al sector por parte de todos los niveles del estado, sumado a los perjuicios causados por el Covid-19 y el confinamiento suponen que las posibilidades que tiene para reactivarse e impulsar la economía nacional están muy limitadas, según el presidente de la Cámara de la Construcción de La Paz, Javier Calderón.
«Es claro que lo primero que necesita el sector para reactivarse es que el Estado en todos sus niveles se ponga al día con la mora, que es mayor a los Bs 2.500 millones; y lo segundo, que el Gobierno siguiente incremente los montos de inversión pública en infraestructura, para que el sector rápidamente pueda ponerse a trabajar y de manera consecuente incorpore grandes cantidades de mano de obra en sus filas», plantea Calderón. En esa misma línea, «el cómo termine el sector la presente gestión, dependerá de que el gobierno transitorio cumpla con los pagos al sector que, como se mencionó, sobrepasan los Bs 2.500,00 millones, para que le dé la liquidez necesaria y se cumpla con los proveedores y obreros. El sector ha solicitado una condonación tributaria, sobre todo para que el Impuesto a las Utilidades de las Empresas pueda ser reinyectado a las empresas y se pueda hacer frente a todos los costos emergentes por la pandemia».