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Tupiza es el nuevo “HUB” del contrabando en Bolivia, según estudio de la Cainco

Imagen de archivo de camiones con mercadería ilegal que ingresaba por Tupiza, en diciembre de 2020. (ahoradigital)

Edwin Miranda V. | Activo$ Bolivia-La Paz

Tupiza, municipio situado al sureste del departamento de Potosí y próximo a la frontera internacional con la República Argentina, fue identificada como el nuevo “HUB” del contrabando en Bolivia, según un estudio que realizó la Cámara de Industria Comercio y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) sobre la actividad del tráfico ilegal de mercaderías en el país.

En un webinar, se difundió el estudio denominado «Contrabando. Efectos y Modus Operandi en Bolivia” que destaca entre sus hallazgos Tupiza, como nuevo centro de acopio, “tiene al menos 34 pasos ilegales que la vinculan con Villazón y, en paralelo, alimentan una distribución (perfectamente organizada) para llegar con la mercadería a Tarija, Chuquisaca y Potosí”, así lo explicó Hugo Rodríguez, miembro del Centro Boliviano de Economía de la CAINCO.

De Tupiza, los camiones con mercadería ilegal salen con destino a la ciudad de Oruro a través de los municipios de Atocha y Uyuni, donde también fueron identificados “una infinidad de pasos ilegales” para el tráfico millonario de contrabando, apuntó el analista empresarial.

Entre Oruro y Tupiza, el control militar y aduanero es casi inexistente, al extremo que los puntos de fiscalización son altamente vulnerables, señala el estudio.

“Hemos identificado en la región fronteriza con la Argentina y Chile, al menos, 120 pasos clandestinos y hay solo tres puntos de control aduanero”, describe el documento.

Esta realidad pone al descubierto que los 7.000 kilómetros de frontera que tiene Bolivia con Argentina, Chile, Perú y Brasil son extremadamente vulnerables al tráfico ilegal de mercadería.

Desplazar patrullas militares para desbaratar el tráfico de mercadería en el nuevo “HUB” es sencillamente imposible, señala Rodríguez, pues considera que, inmediatamente, se crearían nuevos pasos clandestinos. Es por eso que plantea que las autoridades deben ejecutar acciones “puntuales, eficaces y contundentes”.

Chile “alimenta” el contrabando

Rodríguez dijo que el estudio reveló que la internación de mercadería ilegal “presenta también implicancias geopolíticas”. Explicó que Chile tiene una disposición normativa que autoriza retirar mercadería de la Zona Franca de Iquique sin pagar impuestos a condición de que sea destinada al consumo de la población que vive en la Región 1, integrada por Arica, Parinacota, y Tarapacá. Autorizados legalmente, los comerciantes chilenos retiran la mercadería y la trasladan hasta poblaciones que tienen casi densidad cero por kilómetro cuadrado.

De esta manera, llevan, por ejemplo, mil televisores con destino a Coriquina y Paravinto, los poblados fronterizos con Bolivia donde viven escasamente 20 a 30 personas, en cada uno, pero reciben inmensa cantidad de mercadería, explicó Rodríguez.

“Este es uno de los grandes problemas que alimenta el contrabando, pues comerciantes chilenos y bolivianos pactan para internar mercadería por aproximadamente 31 pasos clandestinos que existen en el cordón fronterizo entre ambos países”, dijo.

Al cabo de aproximadamente 48 horas, los camiones llegan a los grandes centros de consumo que existen en las principales capitales del país, merced a una red de conexión y encubrimiento que tiene el contrabando, aseguró.

Militares desplazados a Tupiza para controlar el contrabando. (mindef.gob.bo)

Ocho alimentos restan $us400 MM a la economía nacional

Como el tráfico de mercadería ilegal mueve millones de dólares, el impacto es significativo para las arcas fiscales y la producción nacional.

Según Rodríguez solo ocho alimentos (carne, arroz, harina de trigo, fideo, azúcar, bebidas no alcohólicas y cerveza) significan para el Estado “un impacto de 400 millones de dólares, que representa casi 1% del PIB, e implica una evasión fiscal para el erario nacional de al menos 50 millones de dólares”.

Acotó que se estima que, actualmente, el contrabando mueve en el país 2.300 millones de dólares. “La producción desplazada a partir del contrabando genera un impacto para el PIB entre el 5 al 10%”, aseguró.

Ante esta situación, las empresas bolivianas vinculadas, por ejemplo, a la manufactura de bebidas, comercio y lubricantes “optaron por ajustar a la baja el presunto de venta e ingresos por año, postergan la creación de empleo y los planes de inversión. Se hallan en fase de espera”, complementó Rodríguez.

Plantean reformas legales e incentivos tributarios

Una medida que podría contribuir a la lucha contra el contrabando es reducir de 200.000 a 50.000 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) la cuantía de la evasión fiscal para ser tipificada como delito y castigar con cárcel el tráfico de mercadería, planteó el jefe de Representación Empresarial de la CAINCO, Ian Miranda. En la actualidad, la ley establece que, si una persona es sorprendida evadiendo tributos fiscales por la internación de mercadería valuada entre 50 a 5.000 UFV, la sanción solo es económica sobre el 100% del valor de los bienes. Se dicta cárcel, con penas de 8 a 12 años, si la mercadería ilegal evadió impuestos por un monto igual o superior a 200.000 UFV.Por lo tanto, “con la legislación vigente no es posible procesar contrabandistas”, aseguró Miranda. Considera que es preciso aprobar incentivos tributarios, por ejemplo, extinguir el Impuesto a las Transacciones (IT) y reducir la alícuota al Impuesto al Valor Agregado (IVA).