Redacción | Activo$ Bolivia
La crisis del sector algodonero en Santa Cruz es una realidad que golpea de frente a los productores. El símbolo más claro de este problema es la Planta Desmotadora de Algodón, una obra que se ofreció como el corazón de la reactivación productiva, durante el gobierno de Luis Arce, y que hoy está paralizada, judicializada y convertida en un pesado lastre económico para el Estado y, sobre todo, para quienes viven del algodón.
La planta fue adjudicada por Bs 37,7 millones dentro del Programa Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a la Producción de Algodón (2022–2025). En papeles, el avance físico llega al 65%, pero en la práctica, según inspecciones recientes, no supera el 30%. Lo más grave es que el 88% del presupuesto ya fue ejecutado. El resultado es una ecuación imposible de justificar que apunta a un daño económico al Estado superior a Bs 15 millones.
Pero el daño real va mucho más allá de los números. Una planta desmotadora paralizada significa algodón que no se procesa, productores que no venden y familias que no generan ingresos. Hoy existen 3.500 fardos de algodón sin mercado, acumulados, sin salida comercial, bloqueando el acceso a créditos para la próxima campaña agrícola 2026.
Para los pequeños y medianos productores agrupados en la Federación de Productores de Algodón (FEDEPA), esta situación es asfixiante. Sin desmote, el algodón pierde valor, se deteriora y se vuelve prácticamente invendible. La consecuencia directa es el riesgo de abandono masivo de la actividad, pérdida de empleos rurales y migración forzada hacia las ciudades.
El problema se agrava al conocerse que casi Bs 30 millones adicionales destinados a producción y apertura de mercados no fueron ejecutados por incapacidad de gestión estatal y terminaron siendo revertidos. Es decir, recursos que podían haber sostenido al sector simplemente se perdieron en el camino.
A esto se suman denuncias de uso selectivo de recursos públicos, con entrega de maquinaria, insumos y semillas a sectores afines al Gobierno anterior, dejando fuera a una gran parte de los productores que hoy enfrentan la crisis sin respaldo.
Jesús Arce, dirigente de FEDEPA, dice que la planta desmotadora no es solo una obra inconclusa, es el reflejo de una política pública mal ejecutada que dejó al productor solo frente al mercado. Mientras tanto, el algodón se acumula, las deudas crecen y la incertidumbre domina el campo.
Por eso, FEDEPA ha pedido formalmente a la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz la apertura de investigaciones, auditorías externas y procesos administrativos, civiles y penales contra los responsables. También exige medidas urgentes de reactivación, porque cada día de paralización es un día más de pérdidas.
El sector algodonero está en una situación límite. Reactivar la planta desmotadora no es un capricho técnico, es una necesidad económica y social, señala Arc. Si el Estado no actúa de inmediato, el costo no solo se medirá en millones perdidos, sino en familias que abandonan el campo y una cadena productiva que se rompe.