Redacción | Activo$ Bolivia

Bolivia obtuvo 28 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025. En el ranking mundial ocupa el puesto 136 de 182 países y es el tercero más corrupto de Sudamérica, solo por encima de Venezuela y Paraguay.

No es un dato menor ni una cifra pasajera. Es una señal clara de que el problema no es episódico, es estructural, afirma el economista Fernando Romero.

Cuando un país se mantiene durante años en niveles bajos del índice, ya no hablamos de casos aislados. Hablamos de normalización. De una corrupción que se vuelve predecible, casi parte del funcionamiento cotidiano del Estado, dice Romero. Y eso, paradójicamente, puede ser más dañino que una corrupción caótica: cuando es estable, se integra al sistema.

¿Qué está reflejando el índice?

Principalmente tres cosas: percepción de impunidad en casos de alto nivel, debilidad institucional y poca credibilidad en los mecanismos de control. Además, existen sectores particularmente sensibles donde la sombra es más fuerte: hidrocarburos y carburantes, aduanas y comercio exterior, empresas públicas y el propio sistema judicial.

Pero más allá del ranking, la pregunta clave que hace Romero es ¿cómo afecta esto a la economía?

La corrupción funciona como un impuesto oculto. No aparece en ninguna boleta, pero todos lo pagamos. Encarece las obras públicas, distorsiona contratos, favorece a empresas con conexiones políticas y desalienta a inversionistas que buscan reglas claras. Cuando invertir implica asumir riesgos políticos adicionales, simplemente el capital se va a otro país.

Además, aumenta el riesgo país, eleva el costo de financiamiento externo y debilita la recaudación tributaria. El contrabando crece cuando las aduanas son permeables. La informalidad se expande cuando cumplir la ley no garantiza igualdad de condiciones. El resultado final es menor crecimiento, menos empleo formal y más desconfianza económica, explica el analista.

Quién gana con este esquema

Romero apunta a redes político-empresariales, intermediarios informales, funcionarios corruptos, contrabandistas y empresas protegidas por favoritismos. Y quienes pierden son los ciudadanos que reciben peores servicios, empresas formales que compiten en desventaja, jóvenes que encuentran menos oportunidades laborales y el propio Estado, que recauda menos y gasta más.

Frente a este panorama, la solución no puede quedarse en discursos. Si el problema es estructural, la respuesta también debe serlo.

Es por eso que Romero señala que blindar la justicia es un primer paso indispensable. Designaciones meritocráticas de jueces y fiscales, y procesos que no dependan del color político del acusado. Un solo caso grande, bien investigado y sancionado sin excepciones, puede enviar una señal más fuerte que cien conferencias de prensa.

También dice que la transparencia total en sectores estratégicos es clave. Contratos de hidrocarburos, importaciones de combustibles y operaciones de empresas públicas deberían ser abiertos y auditables en tiempo real. La digitalización de compras públicas reduciría discrecionalidad y espacios de manipulación.

Otro punto crítico es el control del lavado de dinero y los flujos ilícitos transfronterizos. Sin coordinación institucional real y cooperación internacional, el dinero ilícito seguirá encontrando grietas.

Y algo fundamental, dice Romero, es proteger a denunciantes y a la prensa. Sin garantías para quienes investigan o alertan irregularidades, la percepción de impunidad no cambiará nunca.

La corrupción en Bolivia no es solo un problema ético. Es un problema económico y de desarrollo. Mientras siga siendo rentable y de bajo castigo, continuará drenando recursos y debilitando la seguridad jurídica.

El 28/100 no es una condena definitiva, pero sí una advertencia, señala Romero. Combatir la corrupción no es una consigna política; es una estrategia económica de largo plazo. Sin reglas claras y aplicación firme de la ley, la inversión no regresará y el crecimiento seguirá siendo frágil.

En términos simples, si Bolivia quiere estabilidad, empleo y desarrollo sostenible, reducir la corrupción no es opcional. Es condición básica para avanzar.