Redacción | Activo$ Bolivia
Bolivia se prepara para modificar el marco que regula las inversiones. El Gobierno de Rodrigo Paz socializa un nuevo proyecto de Ley de Inversiones que busca reemplazar la norma vigente desde 2014 y dar mayor protagonismo al capital privado nacional y extranjero.
La diferencia no está solamente en los incentivos. El cambio de fondo está en la relación que el Estado pretende establecer con los inversionistas.
La actual Ley 516 fue aprobada durante el gobierno de Evo Morales y establece que el Estado conduce la economía, participa en sectores estratégicos y tiene un papel central en la planificación de las inversiones. Aunque reconoce la seguridad jurídica y contempla incentivos, también establece la prioridad de la inversión boliviana frente a la extranjera en determinadas condiciones.
El proyecto de Paz plantea una señal diferente y es atraer capital ofreciendo mayor previsibilidad, protección patrimonial y condiciones similares para inversionistas nacionales y extranjeros.
El arbitraje toma protagonismo
Uno de los aspectos que más destaca es la incorporación del arbitraje internacional para resolver controversias comerciales, con excepción de los hidrocarburos.
El mecanismo es relevante porque busca reducir uno de los principales riesgos que enfrentan las empresas extranjeras al invertir en Bolivia: quedar sometidas exclusivamente a los tribunales nacionales ante una disputa con el Estado.
La Cámara Nacional de Industrias considera precisamente que la seguridad jurídica y el arbitraje internacional son elementos fundamentales para recuperar la confianza de los inversionistas.
Más protección al capital
La propuesta también plantea mayores garantías frente a una eventual expropiación o nacionalización. De acuerdo con los lineamientos socializados por el Gobierno, estas medidas requerirían autorización de la Asamblea Legislativa y contemplarían la correspondiente indemnización.
El proyecto busca, además, establecer igualdad de condiciones tributarias y laborales entre inversión nacional y extranjera.
Esto supone un cambio respecto de la Ley 516, que incorpora expresamente la prioridad de la inversión nacional.
No basta con aprobar una ley
La nueva norma llega en un momento en que Bolivia necesita urgentemente capital, tecnología y divisas. La caída de la producción de gas, el déficit fiscal, la escasez de dólares y el menor dinamismo económico han reducido la capacidad del Estado para financiar grandes proyectos.
Por eso, el Gobierno apuesta a que el sector privado asuma un papel mayor en áreas como industria, energía, minería, infraestructura y exportaciones.
Sin embargo, una Ley de Inversiones por sí sola no garantiza la llegada de capital.
Los inversionistas también observan la estabilidad política, el sistema judicial, la disponibilidad de divisas, la carga tributaria, la infraestructura y, sobre todo, si las reglas se mantienen en el tiempo.
El verdadero cambio está en la confianza
La Ley 516 parte de una economía en la que el Estado es el principal conductor y la inversión privada participa bajo sus prioridades.
El proyecto de Paz busca avanzar hacia un modelo en el que el capital privado tenga mayores garantías y se convierta en uno de los principales motores del crecimiento.
La diferencia más importante, por tanto, no está en una exención tributaria o en un nuevo incentivo.
Si la futura ley logra ofrecer reglas previsibles y mecanismos efectivos para proteger las inversiones, podría convertirse en una de las piezas centrales del giro económico que plantea el Gobierno de Rodrigo Paz.
La verdadera prueba será comprobar si esa nueva confianza se transforma en dólares, nuevas empresas, empleos, exportaciones y producción dentro de Bolivia.