Redacción | Activo$ Bolivia

La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) expresó su preocupación ante la posibilidad de que se ejecute de manera anticipada una sentencia que dispone el pago de Bs 744 millones a favor de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA), mientras permanece pendiente de resolución un recurso de Queja ante la justicia Constitucional.

La empresa sostiene que cualquier intento de ejecutar el fallo antes de que exista un pronunciamiento constitucional constituiría un grave precedente y una vulneración al principio de jerarquía legal, además de lo que califica como un caso de denegación de justicia con posibles repercusiones internacionales.

“Resultaría de todo punto inaudito que un juzgado de primera instancia pretendiese ordenar la ejecución de una sentencia cuando existe un recurso de Queja pendiente de resolución en la instancia Constitucional”, señala SOBOCE en un pronunciamiento.

La compañía considera que una eventual ejecución inmediata de la sentencia podría generar consecuencias de difícil reparación para la empresa, la economía y el empleo, debido al impacto que tendría sobre su liquidez y capacidad de inversión.

SOBOCE destaca que es uno de los principales actores industriales del país y un emisor de valores, por lo que una obligación de esta magnitud podría comprometer sus obligaciones permanentes con los tenedores de bonos y el sistema financiero nacional.

La empresa también advierte que la continuidad de sus operaciones depende de mantener niveles adecuados de liquidez e inversión y sostiene que una ejecución del fallo pondría en riesgo miles de empleos vinculados a sus actividades.

Cuestionamiento al concepto de “daño al proyecto de vida”

Otro de los puntos observados por SOBOCE está relacionado con el concepto jurídico de “daño al proyecto de vida”, que, según la empresa, habría sido aplicado en este caso a una sociedad comercial.

SOBOCE sostiene que este concepto está vinculado a la reparación de afectaciones a la libertad existencial de una persona y afirma que Bolivia se convertiría en el primer país en aplicarlo, directa o indirectamente, a una empresa.

A criterio de la compañía, esta situación podría generar un precedente que afecte la seguridad jurídica y tenga consecuencias sobre las decisiones de inversión en Bolivia.

“Esto abre una peligrosa puerta para fallar arbitrariamente contra cualquier empresa, destruyendo la seguridad jurídica y dificultando la inversión internacional”, sostiene la empresa.

SOBOCE reclama pago por la expropiación de sus acciones

En paralelo al proceso judicial, SOBOCE recuerda que mantiene desde hace 16 años un reclamo ante el Estado boliviano por el pago del justiprecio correspondiente a la expropiación de sus acciones en FANCESA.

La empresa señala que esta obligación fue establecida mediante el Decreto Supremo N° 0616, del 1 de septiembre de 2010, y afirma que hasta la fecha el pago no habría sido honrado.

Según SOBOCE, esta situación, sumada a las actuaciones que cuestiona en el proceso judicial, constituiría una vulneración de compromisos internacionales asumidos por Bolivia, entre ellos los Tratados Bilaterales de Inversión y la normativa de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

La empresa advierte que la eventual consumación de lo que califica como un “atropello” podría exponer nuevamente al Estado boliviano a litigios internacionales y al pago de indemnizaciones millonarias.

Llamado a esperar la decisión constitucional

Ante este escenario, SOBOCE hizo un llamado a la comunidad jurídica, los gremios empresariales y las autoridades para que observen el proceso y se evite, según su posición, una ejecución anticipada de la sentencia mientras el Tribunal Constitucional no emita su pronunciamiento.

La empresa considera que una ejecución sin esperar la resolución constitucional podría consolidar un precedente con efectos que trascenderían el caso particular y alcanzarían al conjunto de la actividad económica del país.

SOBOCE reafirmó finalmente su compromiso con Bolivia, pero exigió el respeto a la tutela jurisdiccional efectiva y pidió que se aguarde la decisión de la justicia Constitucional antes de avanzar con la ejecución del fallo por Bs 744 millones.