Redacción | Activo$ Bolivia
Son 667 millones de bolivianos los que el Gobierno dice que necesita para cerrar de forma ordenada un grupo de empresas públicas deficitarias. No se trata de compañías estratégicas ni productivas, sino de firmas que están en quiebra técnica, con patrimonios negativos y pérdidas que se acumulan año tras año, según datos difundidos por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.
Dijo que este grupo de empresas representa un severo daño económico para el país, ya que lejos de aportar al desarrollo, se convirtieron en una carga permanente para las finanzas públicas.
No todas las empresas estatales son el problema
El ministro fue claro al marcar una diferencia importante. Empresas estratégicas como YPFB, ENDE y Comibol siguen siendo rentables y concentran nada menos que el 95% de los ingresos de las empresas públicas. El problema está en compañías que no cumplieron su función productiva y hoy sobreviven solo con recursos del Estado.
A estas firmas, Lupo las denominó “empresas zombis” porque operan con pérdidas estructurales, arrastran deudas con el Banco Central de Bolivia (BCB) y con proveedores y no tienen capacidad real de recuperación.
Ni vendiendo todo alcanza
Uno de los datos más duros del informe es que ni siquiera la venta total de activos permitiría cerrar estas empresas sin que el Estado tenga que poner dinero adicional. Aun liquidándolo todo, el país tendría que desembolsar Bs 667 millones más solo para cumplir obligaciones pendientes y concretar su cierre definitivo.
El historial tampoco ayuda. Con el cierre de empresas como ECOBOL, ENATEX, BOLTUR y Construcciones del Ejército, el país perdió 122 millones de dólares. Y en las empresas que hoy están en quiebra técnica se invirtieron 1.294 millones de dólares, recursos que, según el ministro, constituyen un perjuicio directo para las finanzas públicas.
Una política que también se pone en duda
El informe presentado cuestiona además la política de expansión empresarial impulsada durante el gobierno de Luis Arce, que proyectaba destinar 1.100 millones de dólares a la creación de nuevas empresas estatales, pese a los resultados negativos de varias de las ya existentes.
Para el Ejecutivo, la cifra de Bs 667 millones no es un gasto más, sino el costo mínimo para frenar una sangría fiscal que compromete recursos públicos y limita la capacidad del Estado para invertir en áreas prioritarias como salud, educación, infraestructura y desarrollo productivo.
Cerrar estas empresas no es una decisión sencilla, pero seguir manteniéndolas abiertas cuesta mucho más que ponerles punto final, asegura el Gobierno.