Edwin Carpio San Miguel | Activo$ Bolivia

El recurso estratégico del litio boliviano se constituye en la piedra fundamental del plan de gobierno del candidato presidencial por APB Súmate, Manfred Reyes Villa; pero también puede convertirse en un talón de Aquiles.

Para el candidato, la venta anticipada de litio es un recurso clave para sacar a Bolivia de su crisis económica, así lo ratificó este lunes durante el ciclo de conversatorios con candidatos a la presidencia de Bolivia que organiza semanalmente la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM).

Reyes Villa propone la venta adelantada de un millón de toneladas de litio a $us 10.000 la tonelada, lo que representaría un ingreso inmediato de $us 10.000 millones para el Estado boliviano. Esta operación permitiría estabilizar la balanza de pagos, reducir el déficit fiscal histórico —actualmente cercano al 14%— y controlar el mercado cambiario, llevando el precio del dólar paralelo a una banda de entre Bs 7 y Bs 8.

El candidato asegura haber sostenido conversaciones con las tres empresas más grandes del mundo interesadas en adquirir el recurso, sin reformar la Constitución, amparado en la Ley 928 del litio.

Qué dice sobre los créditos

Para el líder de APB Súmate, los créditos del FMI que propone su rival político, Jorge Quiroga, podrían demorar más de seis meses y ese organismo internacional apenas podría desembolsar $us 2.000 millones y con condiciones fiscales lesivas como el incremento del IVA.

Es por eso que el “Bombón” considera que la venta anticipada del litio no sólo representa una inyección de liquidez, también es el punto de partida de una “transformación económica profunda” basada en una economía mixta con protagonismo de las alianzas público-privadas.

Sin embargo, su ambicioso plan no se avizora fácil de concretar considerando que Potosí, región epicentro del recurso, mantiene una histórica desconfianza hacia la administración central respecto a la distribución de beneficios del litio. Movimientos cívicos y organizaciones sociales ya han manifestado su oposición a cualquier acuerdo que no pase por procesos de consulta previa y socialización. Sin ese consenso, la ejecución del plan corre el riesgo de enfrentarse a bloqueos, paros y un rechazo generalizado que puede frenar cualquier intento de explotación masiva.

Por otra parte, la venta anticipada a precio fijo ($us 10.000 por tonelada) deja al país vulnerable a las fluctuaciones del mercado y contradice la aspiración de Bolivia de integrarse a la cadena de valor del litio con industrialización local. Esta estrategia también podría ser percibida como una “hipoteca del futuro”, favoreciendo ingresos inmediatos a costa de potenciales ganancias a largo plazo, lo cual podría tener un alto costo político y social.

Además, la propuesta de Manfred se sustenta en una rápida implementación amparada en la Ley 928, sin reformar la Constitución. Sin embargo, el carácter estratégico del litio está protegido por la CPE (Art. 351), que establece que su explotación debe hacerse bajo control del Estado y con participación directa. Cualquier interpretación forzada de la norma puede generar conflictos legales y constitucionales.

Adiós a la subvención de combustibles

Reyes Villa plantea, además, eliminar la subvención a los hidrocarburos de manera escalonada y controlada, asegurando gasolina y diésel a Bs 5 por litro gracias a contratos internacionales ya negociados.

La propuesta se complementa con una reducción de ministerios de 17 a 12, un recorte de impuestos —bajando el IVA al 10% y el IUE al 18%— y una reforma al Código Tributario para ampliar la base impositiva.

Su plan también contempla la expansión de la industria vinculada al litio, desde la extracción de salmuera en Uyuni y Coipasa hasta su procesamiento en carbonato, con el objetivo de integrarse a cadenas de valor globales. A diferencia de las promesas generalistas de otros postulantes, Reyes Villa exhibió las cartas de intención de empresas interesadas en la operación, como Vision S.L. International Holding.

Finalmente, apuesta por una estrategia de diplomacia económica activa para abrir mercados, una modernización del aparato estatal mediante la digitalización y el desarrollo de ciudades intermedias para descentralizar el crecimiento económico.