Redacción | Activo$ Bolivia

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) acaba de lanzar un balde de agua fría sobre la mesa económica porque su más reciente Informe Técnico de Coyuntura V advierte que Bolivia enfrenta una triple presión que amenaza con frenar al aparato productivo. Hablamos de un cóctel nada agradable: desaceleración del crecimiento, inflación persistente y dependencia extrema de importaciones de combustibles.

Los números son contundentes. En el último año, la reducción del 10% en el abastecimiento de combustibles dejó un agujero de $us 1.728,4 millones en el PIB nacional y $us 207 millones en el de Cochabamba. Y, por si fuera poco, la inflación interanual alcanzó el 25%, mientras que los alimentos subieron un 30%, golpeando de frente el bolsillo de las familias.

El presidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure, advirtió que la situación es crítica:

“La crisis de combustibles amenaza la estabilidad de la economía y el empleo formal. Urge que autoridades y empresarios trabajemos juntos en soluciones inmediatas y sostenibles”.

El informe va más allá de los números y muestra cómo la falta de diésel y gasolina está dejando sin aire a las empresas. Solo entre enero y julio de 2025, la producción de gasolina cayó 20% y la de diésel 30%, lo que obligó al país a importar el 66% de la gasolina y el 91% del diésel que consumimos. Esto significa subsidios cada vez más caros y una carga fiscal insostenible.

El impacto es directo porque 393.675 empresas en el país y más de 65 mil en Cochabamba han visto encarecidos sus costos logísticos, perdiendo competitividad y frenando su productividad. De hecho, se estima que las pérdidas ya representan el 3,68% del PIB nacional.

Para el ciudadano de a pie, el golpe se siente en la canasta básica. El alza en combustibles genera un efecto en cadena que encarece alimentos, transporte y servicios. Con un crecimiento proyectado de apenas 0,62% para Cochabamba en 2025, la región estaría acumulando tres años de estancamiento.

El informe habla sin rodeos de un escenario de estanflación (ese mix peligroso de precios altos y crecimiento bajo). Y como salida, plantea una agenda público–privada que priorice garantizar combustibles, reducir trámites con soluciones digitales, abrir líneas de financiamiento y establecer reglas claras que devuelvan confianza a las inversiones.

Si no se toman medidas urgentes, Bolivia no solo tendrá más dificultades para mover sus camiones y fábricas, sino que también verá cómo se erosiona el empleo formal y el consumo interno. La FEPC ya puso la alarma sobre la mesa, ahora falta ver si alguien la escucha.