Redacción | Activo$ Bolivia

La idea suena sencilla: los países y empresas que contaminan pueden pagar a quienes protegen los bosques para «compensar» sus emisiones de CO₂. A esto se le llama mercado de carbono, y en teoría, es un sistema en el que todos ganan: el planeta, las comunidades y quienes buscan reducir su impacto ambiental.

En Bolivia, esta práctica ya está en marcha porque, desde octubre de 2024, las leyes bolivianas lo permiten. Miguel Vargas, director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), dijo en una reciente entrevista que, hasta hace unos años, Bolivia se oponía a estos negocios; pero “corrientes dentro del Ejecutivo y el Legislativo han promovido el cambio sin considerar los efectos en los territorios indígenas, su soberanía y la soberanía del país”.

Empresas extranjeras compran créditos de carbono generados en bosques nacionales, principalmente en territorios indígenas, para justificar su huella ecológica. Pero ¿qué tan beneficioso es este modelo para el país?

El negocio de los bosques en Bolivia

El mercado de carbono en Bolivia se ha dado de manera descentralizada. Algunas comunidades indígenas han firmado acuerdos con organizaciones internacionales para proteger sus tierras y recibir dinero a cambio. Un ejemplo es el caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), donde ciertos grupos han visto en estos acuerdos una fuente de ingresos sin explotar. Otro ejemplo reciente es lo sucedido entre los pueblos Cayubaba y Baures con el falso Estado de Kailasa y la pretendida compra de territorios indígenas en el oriente del país.

No todo es tan verde como parece. Bolivia no tiene una regulación clara sobre estos acuerdos, lo que deja la puerta abierta a contratos desventajosos para las comunidades. En algunos casos, las empresas compran derechos de carbono a precios muy bajos y por largos periodos, sin que los indígenas tengan pleno conocimiento de las implicaciones.

¿Riesgo o solución?

El problema es que sin una ley que regule el mercado de carbono, Bolivia corre varios riesgos como la pérdida de soberanía, porque las empresas extranjeras pueden adquirir derechos de conservación sobre tierras indígenas sin un marco legal que proteja a las comunidades; falsas promesas económicas porque, muchas veces, los pagos son menores de lo esperado o dependen de condiciones difíciles de cumplir; y peligro de acaparamiento porque algunas empresas podrían usar estos acuerdos para impedir que las comunidades decidan sobre sus propios territorios en el futuro.

¿Qué debería hacer Bolivia?

El gobierno tiene el desafío de establecer un marco legal claro y transparente para la comercialización de créditos de carbono. Esto incluye: regulación estricta para definir quién puede vender créditos de carbono y bajo qué condiciones; protección a las comunidades indígenas para asegurar que las negociaciones sean justas y beneficiosas para ellas y mayor control estatal para supervisar y fiscalizar estos acuerdos con el fin de evitar abusos.

Vargas asegura que, actualmente, no existe en este momento en el país una empresa desarrolladora que haya cumplido con los estándares y las salvaguardas en materia de mercados de carbono.

El experto hizo dos afirmaciones preocupantes. Una de ellas es que la norma no tiene salvaguardas a favor de los pueblos indígenas y cualquier empresa o persona puede ingresar al país y desarrollar estos negocios entre privados sin ningún control. La otra es que, si bien hay responsabilidad en las autoridades indígenas, el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones institucionales para que los pueblos indígenas no sean víctimas de estafa o negociados que les lleven a entregar su soberanía territorial.

El mercado de carbono puede ser una oportunidad para Bolivia, pero sin reglas claras, podría convertirse en un nuevo tipo de extractivismo disfrazado de ecología. La pregunta es: ¿el país aprenderá a aprovecharlo sin comprometer su soberanía ni los derechos de los pueblos indígenas?