Edwin Carpio San Miguel | Activo$ Bolivia

Cochabamba amaneció una vez más con las carreteras bloqueadas y el transporte público paralizado. El motivo es la protesta del transporte libre por la escasez de hidrocarburos. Pero más allá del caos en las calles, hay un costo que sigue creciendo en silencio: las pérdidas económicas que golpean a las empresas y a miles de trabajadores.

“Estamos viviendo un déjà vu económico”, resume Wildo Dolz, presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios (ICAM). Con tono de frustración, el empresario advierte que cada día de paro le cuesta al sector industrial alrededor de 10 millones de bolivianos. “Otra vez cerrados, otra vez bloqueados. La industria es la más afectada”, lamenta.

Dolz asegura que muchas compañías ya operan al límite, debilitadas por la crisis económica y la incertidumbre política. “Cada jornada parada significa trabajadores sin salario y familias sin sustento”, enfatiza. A su preocupación se suma el momento político porque las movilizaciones coinciden con la recta final hacia la segunda vuelta electoral y el fin del actual gobierno. “Esperemos que esto no sea un atentado contra las elecciones. Hay que tener serenidad”, pide.

Desde la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot fue más tajante: “No nos pueden perjudicar así. A quienes estimulan estos hechos, decirles: ¡Basta! No se puede seguir atentando contra el derecho al trabajo”.

El expresidente de la FEPC advirtió incluso que el empresariado podría acudir a instancias constitucionales o internacionales si las autoridades no garantizan la libre circulación.

Mientras tanto, la ICAM evalúa emitir un pronunciamiento oficial que ayude a calmar las aguas. Pero, como dice Dolz, “con los bloqueos no solucionamos nada. Solo estamos dañando la economía y afectando a miles de familias”.

Y así, Cochabamba vuelve a tropezar con la misma piedra: carreteras cerradas, pérdidas millonarias y una sensación colectiva de estar atrapados en un eterno reinicio económico