Redacción | Activo$ Bolivia
Las largas filas por GLP hoy ocupan portadas, noticieros y redes sociales. Pero esto no es una sorpresa. Es una película que empezó a rodarse hace rato y que muchos prefirieron no mirar. Ya en 2024 se notaban las primeras señales y a inicios de 2025 los propios datos oficiales confirmaban algo impensable hace algunos años: Bolivia estaba dejando de ser exportadora de GLP e iba rumbo a convertirse en importadora.
En junio de 2025, el experto en hidrocarburos y energía Álvaro Ríos advirtió que la escasez de GLP iba a ser la tercera bomba, después del diésel y la gasolina. Y no era una exageración. Era un diagnóstico técnico, frío y directo. Hoy, con filas interminables y garrafas que no alcanzan, esa advertencia suena casi profética.
El problema de fondo no está en las garrafas, sino en el gas. La producción de gas natural en Bolivia está en caída libre y lo muestran las cifras porque, de más de 60 millones de metros cúbicos por día, en 2015, se pasó a apenas 28 MMmcd a mediados de 2025. Con menos gas, las plantas separadoras de líquidos de Yacuiba y Río Grande ya no tienen suficiente materia prima para producir GLP. Si no hay gas, no hay GLP.
“El cruce entre oferta y demanda ya ocurrió”, explicó Ríos a mediados de 2025. Hasta marzo de 2025 todavía se exportaba. Pero unos meses después, lo que antes se vendía afuera empezó a hacer falta en casa. Y si la salida es importar, el panorama tampoco es alentador porque faltan dólares, falta logística y no hay infraestructura adecuada para almacenar grandes volúmenes. Es un problema que no se resuelve solo con ir al mercado internacional.
A esto se suma el elefante en la habitación: el precio. Hoy, una garrafa de GLP cuesta Bs 22,50 gracias al subsidio estatal. Según cálculos de Ríos hechos en 2025, el precio real —sin subvención— rondaría los Bs 200. Sí, más de nueve veces más. Un salto superior al 900% que desnuda lo insostenible del modelo en un país con menos gas y menos dólares.
La escasez no es un invento ni una operación política. Comenzó a sentirse a fines de 2024 y explotó en marzo de 2025 con protestas en Santa Cruz. Desde entonces, filas eternas, puntos de venta sin stock y promesas repetidas de que “todo está normal”. Pero detrás de ese discurso hay otra realidad.
Para Ríos, el problema es estructural. Las reservas se agotaron, no hay nuevos pozos, no hay inversión porque no existen reglas claras y YPFB —la estatal llamada a liderar el sector— quedó debilitada tras años de uso político y propagandístico. El resultado es un país que camina directo a importar GLP sin estar preparado para hacerlo.
Esto no solo afecta a las familias. Golpea a industrias, emprendimientos y a cualquiera que dependa del gas para producir o trabajar. Y, como casi siempre, los más afectados son quienes no tienen gas domiciliario, es decir los hogares más vulnerables, los que dependen exclusivamente de la garrafa.
Mientras tanto, el Gobierno responde con medidas que alivian por días, pero no resuelven nada. Son parches en una estructura que hace agua.
Por eso, la gran pregunta ya no es si el precio del GLP va a subir. La pregunta es cuándo. Y, sobre todo, quién podrá pagarlo cuando el Estado ya no pueda sostener un subsidio que hoy cuesta más de lo que el país produce.