Redacción | Activo$ Bolivia
Ahora que el Gobierno eliminó totalmente la subvención al diésel, se reducirá una importante presión fiscal, pero también se espera un fuerte incremento de costos para empresas y familias, señala el economista Fernando Romero. Advierte que el ajuste puede generar más inflación, menor actividad económica y una caída del poder adquisitivo si no está acompañado por medidas de protección social.
El precio del diésel ahora estará en función al precio internacional, alrededor de los Bs 18, eso supone que sectores como transporte, agricultura, minería, construcción, logística y manufactura enfrentarán un incremento directo de sus costos. Parte de ese aumento se trasladaría a los fletes y, posteriormente, a los precios de alimentos y otros bienes, generando una inflación de costos.
El impacto llega a una economía que ya registró una contracción del PIB de 1,58% en 2025 y que, según la proyección del Banco Central de Bolivia, citada por Romero, podría contraerse 3,6% en 2026. Los sectores intensivos en diésel tendrían que absorber el aumento, reducir márgenes, producción o demanda.
Alivio fiscal, pero no ahorro automático
Romero dice que el principal beneficio estaría en las cuentas públicas. El Estado deja de cubrir buena parte de la diferencia entre el costo internacional y el precio interno, liberando recursos fiscales y divisas. Antes del retiro de la subvención, el Gobierno informó que le costaba unos $us 55 millones semanales subvencionar los combustibles.
Sin embargo, Romero advierte que multiplicar esa cifra por 52 semanas y asumirla como ahorro fiscal sería incorrecto, porque incluye diésel y gasolina y depende del precio internacional, el volumen importado y el tipo de cambio. También deben considerarse mayores costos del propio Estado y eventuales compensaciones sociales.
El efecto tampoco sería igual para todos. Mientras el Gobierno central podría aliviar sus cuentas, gobernaciones y alcaldías enfrentarán mayores gastos por el uso de maquinaria y vehículos. Con un precio de Bs 17,95 por litro, Romero considera que la presión sobre sus finanzas podría profundizarse.
El precio no garantiza el abastecimiento
Eliminar la subvención tampoco soluciona el problema del diésel, apunta Romero. Bolivia importa alrededor del 90% del combustible que consume, por lo que YPFB seguirá necesitando dólares para garantizar las compras externas. La diferencia es que ya no vendería el producto por debajo de su costo de reposición.
Romero añade que garantizar un suministro 24/7 requiere, además, divisas, importación regular, almacenamiento estratégico, refinerías operativas y una logística eficiente. Por ello, un precio sin subsidio es necesario para la sostenibilidad financiera, pero no suficiente para asegurar el abastecimiento.
Proteger a los hogares vulnerables
Para atenuar el impacto, Romero plantea tres medidas: compensaciones directas y temporales para hogares de bajos ingresos; mecanismos transitorios para sectores críticos como transporte y producción de alimentos; y destinar una parte importante del ahorro a reconstruir reservas, invertir en refinación y almacenamiento, mejorar la logística y reducir deuda.
Hace énfasis en que el desafío es corregir una distorsión fiscal y energética sin trasladar todo el costo del ajuste a las familias. De lo contrario, el aumento de precios podría afectar el empleo, los ingresos reales y profundizar la recesión, la informalidad y la pobreza.