En medio del ruido electoral y la denuncia por una presunta “venta anticipada de cargos” en uno de los partidos que compiten para la segunda vuelta en las elecciones de Bolivia, emergen dos instituciones estatales que deberían despertar la atención del país más allá del escándalo: la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Servicio Geológico Minero (Sergeomin).
¿Por qué precisamente estas dos instituciones son las mencionadas? ¿Qué tesoros esconden que las hacen tan codiciadas?
Pues ambas son piezas estratégicas dentro del aparato estatal.
Sergeomin administra información técnica sobre los recursos minerales del subsuelo boliviano como mapas geológicos, estudios de prospección y potenciales yacimientos de oro, litio, tierras raras o uranio.
En un país donde los recursos naturales son poder, quien controle esos datos controla el futuro económico. No es casual que se haya mencionado a Sergeomin como una “primera y gran opción”. Esa frase no es casual; refleja la conciencia de que la verdadera riqueza no está solo en la tierra, sino en los archivos y expedientes donde se registran los tesoros aún por explotar.
La AJAM, por su parte, maneja otro tipo de poder: el administrativo y jurídico sobre el territorio minero. Es la instancia que otorga, fiscaliza y cancela derechos mineros, regula concesiones y define quién puede o no operar en una determinada zona. Un sello o una resolución suya puede significar millones de dólares en inversiones, regalías o favores. Por eso, no sorprende que figure como “segunda opción” en la supuesta negociación.
En un contexto donde el extractivismo sigue siendo el corazón económico del país, la AJAM es una de las instituciones clave con mayor capacidad para abrir o cerrar las puertas de la riqueza.
El caso expone también la fragilidad institucional de sectores estratégicos que deberían estar blindados frente a la manipulación política.
Lo que este episodio desnuda es que Sergeomin y la AJAM se han convertido en trofeos del poder, codiciados no sólo por los recursos que gestionan, sino por la información que guardan y el control que otorgan. Mientras los políticos se acusan entre sí, nadie parece discutir lo esencial: la necesidad de transparencia en el manejo de estos entes, que son guardianes de los verdaderos tesoros del país.
Bolivia necesita mirar más allá del escándalo. Porque detrás del ruido electoral, la disputa por las instituciones que custodian el subsuelo es, en realidad, la disputa por el alma económica de la nación.
Autor: Edwin Carpio San Miguel