Redacción | Activo$ Bolivia
En medio de un escenario económico complejo y con la conflictividad como telón de fondo, Cochabamba expresó firmemente que los bloqueos ya no pueden seguir siendo parte de la “normalidad”. Así quedó establecido en la IV Cumbre Público-Privada, convocada por la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) y la Delegación Defensorial Departamental, donde se dio un respaldo unánime a la ley contra los bloqueos.
El encuentro no fue improvisado. Es el resultado de un proceso de articulación que comenzó en marzo de 2025 y se fue consolidando en las cumbres realizadas en junio y octubre del mismo año. En esta cuarta versión participaron actores clave como asambleístas nacionales y departamentales, autoridades de la Gobernación, representantes de los municipios del eje metropolitano (Sacaba, Tiquipaya, Quillacollo, Colcapirhua y Vinto), además del sector empresarial, el Comité Cívico, profesionales y representantes vinculados a la producción y los servicios.
Durante las distintas sesiones, el debate giró en torno a datos concretos. Con evidencia técnica sobre la mesa, se expusieron los impactos económicos de los bloqueos: pérdidas millonarias, afectación directa al empleo formal, paralización del comercio y daños a la seguridad jurídica. El consenso fue que la conflictividad recurrente está pasando una factura demasiado alta al departamento.
Por eso, el respaldo a la llamada Ley Anti Bloqueos se formalizó mediante cartas de apoyo, en defensa del derecho al trabajo, la producción, el libre tránsito y el orden institucional. Los participantes coincidieron en que Cochabamba arrastra un desgaste económico acumulado que ya no admite más interrupciones impulsadas por grupos reducidos que terminan vulnerando derechos colectivos.
El mensaje fue que el libre tránsito es un derecho constitucional y debe ser garantizado. No solo por una cuestión legal, sino porque de ello depende la estabilidad de la producción, el comercio y los servicios que sostienen miles de empleos en el departamento.
Uno de los puntos destacados de la Cumbre fue la iniciativa de la Delegación Defensorial Departamental, que impulsó este espacio de diálogo y permitió avanzar en la creación del Observatorio Legal y Económico de Seguridad Institucional. Esta instancia técnica permanente tendrá la tarea de hacer seguimiento y análisis del entorno legal, económico e institucional de Cochabamba, con información confiable y criterios técnicos.
Además, la Cumbre ratificó la urgencia de una agenda normativa más amplia. No se trata solo de frenar bloqueos, sino de actualizar la legislación tributaria y laboral para reactivar la economía, fomentar la formalización empresarial, generar empleo y fortalecer la competitividad regional.
Desde la FEPC se reafirmó el rol del sector privado como articulador de consensos, trabajando de la mano con instancias públicas, legislativas y defensoriales. El objetivo es aportar a la estabilidad institucional y sentar bases sólidas para un desarrollo económico sostenible. En Cochabamba, al menos desde esta Cumbre, el mensaje contundente fue que sin bloqueos, hay futuro.