Redacción | Activo$ Bolivia
El viernes pasado, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley Nº 547/24-25, que plantea que por seis meses no se embarguen ni se ejecuten garantías de créditos de viviendas de interés social. En paralelo, propone también un diferimiento para micro y pequeñas unidades económicas, un sector que representa gran parte de la actividad productiva del país.
A simple vista, la medida suena como un alivio para miles de familias y emprendedores que están sintiendo el golpe de la crisis y la estanflación (esa mezcla incómoda de inflación con bajo crecimiento). Según el economista Fernando Romero, la intención puede ser buena, pero los efectos podrían ser más complicados de lo que parecen.
El análisis de Romero señala que la medida ofrece ciertas ventajas porque da un respiro financiero inmediato, libera dinero para otras prioridades y reduce la presión política y social de los deudores.
Pero también conlleva desventajas porque reduce la liquidez del sistema financiero, acumula deuda a futuro, genera riesgo de mora y pone en duda la confianza en el sector privado.
Hay un dato que no es menor y es que la propuesta busca beneficiar al 70% de los prestatarios del país, cuyos créditos representan el 45% de la cartera total. Pero ahí está el dilema: ¿cómo se sostiene el sistema si la mitad de su cartera entra en pausa?
Romero sugiere mirar opciones más técnicas y menos “por decreto”:
- Reprogramar deudas de forma personalizada.
- Promover acuerdos entre banca privada y prestatarios con el Estado como mediador.
- Inyectar liquidez al sistema financiero en lugar de frenarlo.
Hace énfasis en que diferir puede sonar bien, pero arrastra más costos que beneficios si no se piensa en el mediano plazo. Por eso, Romero recomienda que el tema quede en pausa y sea el nuevo gobierno quien lo analice con la banca y los deudores, para evitar que la cura resulte peor que la enfermedad.