Redacción | Activo$ Bolivia

En Latinoamérica, los subsidios a combustibles llevan mucho tiempo siendo un tema complicado. Lo que arrancó siendo una ayuda o forma de amortiguar precios se convirtió en un gasto gigantesco que come presupuesto, distorsiona mercados y hasta provoca turbulencias sociales. Un reporte de Bloomberg Línea muestra que varios países están al límite, entre los que destacan Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia y Argentina. Veamos qué pasa en cada uno y lo que puede esperarse de aquí en adelante.

Venezuela disminuye levemente el subsidio

Venezuela se lleva la palma porque los subsidios llegan a equivaler hasta al 6% del PIB. El estado subsidia combustibles de forma muy fuerte, manteniendo precios muy bajos, lo que causa desequilibrios enormes.

Pero hay señales de restricciones porque ahora no todos los litros están subsidiados como antes. Los primeros 120 litros mensuales sí lo están, pero más allá de eso quizás ya no, o el subsidio efectivo va disminuyendo.

El problema es que, con esos subsidios tan grandes, el Estado está limitado para invertir en otras cosas importantes (salud, infraestructura, educación), mientras carga con inflación, distorsiones de precios, contrabando y deterioro de reservas.

Protestas en Ecuador

En el caso de Ecuador, los subsidios a hidrocarburos llegaban al 3% del PIB, antes de sus recientes cambios. En septiembre de 2025, el gobierno del presidente Daniel Noboa determinó eliminar el subsidio al diésel para el sector automotor. Como consecuencia, el precio del galón saltó de $us 1,80 a $us 2,80.

Esa medida desató protestas indígenas y bloqueos viales, pues muchos sectores dependen fuertemente del combustible (transporte, agricultura, pequeñas empresas) y sienten cualquier aumento como una carga fuerte.

Las declaraciones oficiales señalaban que la eliminación busca reducir la carga fiscal y liberar recursos para otros sectores sociales, pero la implementación es complicada por la resistencia social.

Bolivia: lo que está en juego

Bolivia aparece como el segundo país más afectado, con estos subsidios pesando hasta 3,60 % del PIB.

El país tiene uno de los subsidios más costosos de la región para subsidiar la gasolina y el diésel. Dichos subsidios ya representan un costo fiscal enorme: más de $us 2.900 millones proyectados para 2025, solo por mantener precios bajos de la gasolina.

Además, Bolivia gasta una cantidad alta en importar combustibles. En los primeros seis meses de 2025, el país destinó cerca de $us 1.582 millones para importar hidrocarburos, básicamente diésel y gasolinas.

Si Bolivia eliminara los subsidios de golpe, los estudios advierten que la inflación podría dispararse hasta 32 % interanual, según datos de Bloomberg Línea.

Qué podría pasar

Las autoridades parecen estar entre la espada y la pared. Los subsidios no son sostenibles en el tiempo, sobre todo si los precios internacionales del petróleo suben, lo que vuelve todo mucho más caro para el estado.

Las reformas para reducir o focalizar subsidios van a seguir siendo difíciles. Hay costos políticos, protestas y sectores que se sienten golpeados. En Ecuador ya hubo protestas fuertes tras el alza del diésel.

En Bolivia, hacer ajustes también es riesgoso porque podría aumentar la inflación, afectar al transporte, elevar costos de producción y golpear los bolsillos de la gente. Por eso muchos analistas proponen que cualquier recorte o eliminación sea gradual, acompañado de mecanismos de compensación para los más pobres.

También se ve como necesaria una mayor transparencia, institucionalidad y reglas automáticas. Por ejemplo, esquemas que permitan ajustar los precios de combustibles según el mercado internacional, con umbrales, sin tener que estar “congelados” mientras los costos suben del otro lado.

Perspectivas o por dónde podría ir esto

Los ajustes graduales serán la norma. Los países saben que no pueden mantener por mucho tiempo subsidios tan elevados sin comprometer la sostenibilidad fiscal. Pero los ajustes radicales traen costos sociales enormes, por lo que muchos favorecerán caminos “suaves”: segmentación, reglas automáticas, aumento progresivo de precios, compensaciones para quienes más lo necesitan.

Puede haber mayor presión internacional. Los precios del petróleo o combustibles pueden subir, lo que aumentaría aún más los costos fiscales si los subsidios no se ajustan. Además, hay la necesidad de cumplir con compromisos ambientales, como los financiamientos externos condicionados al cumplimiento de metas de reducción de emisiones o de eficiencia energética.

En cuanto a la resistencia social, en Ecuador ya vimos protestas indígenas y bloqueos viales. En países como Bolivia, Argentina o Colombia, donde la pobreza es aún alta y los sectores vulnerables dependen fuertemente del transporte o de tarifas subsidiadas, los ajustes pueden provocar choques. Para que los ajustes sean más manejables, debe haber mecanismos claros, fondos de estabilización, tarifas que varíen según los costos internacionales e instrumentos legales ante shocks. Para esto es importante una mayor institucionalidad y transparencia porque hay subsidios poco claros, en algunos casos.

Es preciso que la población entienda que los subsidios demasiado altos, financiados en parte por emisión o deuda, alimentan la inflación, desequilibrios cambiarios y el deterioro de reservas, como está sucediendo en Bolivia.