Redacción | Activo$ Bolivia
Bolivia vive una de las peores crisis energéticas de los últimos años con largas filas en surtidores, camiones parados y un clima de tensión que golpea la economía. En ese contexto, el Gobierno promulgó la Ley Corta N° 1657, una medida transitoria que busca garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina. Pero ¿qué cambia realmente con esta norma? El economista Fernando Romero lo explica sin tecnicismos.
Lo bueno: tres ventajas que dan un poco de aire
Primero, la ley agiliza los trámites para importar combustible. Antes, los permisos tardaban semanas; ahora, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) debe otorgar licencias excepcionales en un máximo de 48 horas y, si no responde, el silencio vale como aprobación. O sea, hay rapidez.
Segundo, se abre la cancha al sector privado. Empresas y hasta personas naturales podrán importar y vender combustibles durante 90 días, algo impensado en un mercado históricamente controlado por YPFB. Esto puede mejorar la oferta y reducir la presión sobre el sistema estatal.
Y tercero, hay beneficios impositivos. Durante este periodo, las importaciones estarán libres de IVA e IT, lo que baja los costos y motiva a los privados a entrar al juego sin miedo a perder.
Lo no tan bueno: los riesgos que asoman
Como todo “respiro”, este tiene su costo. La coexistencia entre combustibles subvencionados (YPFB) y no subvencionados (privados) puede generar confusión, especulación o incluso contrabando. No sería raro ver precios distintos según la región o el surtidor.
Además, la ley no resuelve el fondo del problema porque seguimos importando y dependiendo de divisas escasas. En 90 días, cuando expire la norma, podríamos volver al mismo punto si no se toman medidas estructurales.
Y un último riesgo: el relajo fiscal y regulatorio. Con licencias rápidas y exenciones tributarias, existe la posibilidad de que se cuelen prácticas poco transparentes.
¿Qué se gana y qué se pierde en estos 90 días?
A corto plazo, Romero dice que la Ley Corta ayudará a descongestionar el mercado, mejorar el abastecimiento y reducir la presión social, especialmente en sectores como el transporte y la agricultura. En otras palabras, evitará un colapso económico inmediato.
Pero hay límites. No amplía la capacidad de refinación ni almacenamiento, no genera dólares y no cambia el hecho de que Bolivia sigue importando más de lo que produce. Cuando pasen los tres meses, la tensión puede volver y quizá más fuerte.
La recomendación del economista
Según Romero, estos 90 días deben servir para algo más que “parchar” el problema. Es la oportunidad para diseñar un plan integral de seguridad energética que incluya mejorar la logística, diversificar proveedores, promover biocombustibles y, sobre todo, repensar el modelo de subsidios.
Entonces, la Ley Corta es necesaria, pero insuficiente. Es como poner una curita en una herida que necesita cirugía. Sirve para ganar tiempo, pero si ese tiempo no se aprovecha, en 2026 podríamos estar otra vez en lo mismo o peor.