Redacción | Activo$ Bolivia
Desde el 6 de enero, Bolivia volvió a sentir el impacto de los bloqueos indefinidos impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB), que exigía la abrogación del Decreto Supremo 5503. Las carreteras cerradas asfixiaron a varias ciudades, especialmente del eje central, y el daño económico comenzó a acumularse día tras día.
Al principio, el Gobierno fue tajante con no retroceder ni un solo paso. Solo diálogo y socialización. Sin embargo, el domingo 11 de enero de 2026, la presión social terminó imponiéndose y el Ejecutivo abrogó el DS 5503, bajo condiciones y con el compromiso de emitir nuevos decretos en un plazo de 48 horas, tal como quedó establecido en el acta firmada con la COB y otros sectores.
Para el economista Fernando Romero, este hecho amerita un análisis sereno y concreto. Considera que no se trató de un retroceso total, sino de un ajuste político no planificado para evitar una crisis mayor.
Para salvar la gobernabilidad
Según Romero, la decisión del Gobierno buscó preservar la gobernabilidad y frenar el daño económico, más que desmontar completamente la reforma. El problema es que el Ejecutivo terminó abrogando un decreto en menos de un mes, lo que evidencia debilidad en la gestión del conflicto social y una subestimación inicial del impacto que tendría la medida en la población.
Los puntos a favor
En el plano económico, Romero destaca que el núcleo de la reforma se mantiene con la eliminación de la subvención a los carburantes. Este aspecto estructural no se revirtió y permite reducir la presión fiscal, corregir distorsiones de precios y combatir el contrabando de combustibles.
Además, el acuerdo permitió levantar los bloqueos, que ya estaban cortando cadenas productivas, generando escasez, elevando precios y afectando empleo e ingresos. El diferimiento de créditos, aunque temporal, ayudó a evitar una mayor mora bancaria y la quiebra de pequeños negocios.
En lo político, el economista señala que el Gobierno cedió en la forma, pero no completamente en el fondo. Se logró una descompresión social inmediata y se recuperó cierto control de la situación. Un nuevo decreto consensuado tiene mayor viabilidad política que uno impuesto, aunque su alcance quede condicionado.
Las debilidades que deja el acuerdo
Fernando Romero advierte que el costo fiscal aumenta con la mejora de bonos sociales y la política salarial. Esto implica más gasto público y limita la posibilidad de reducir el déficit fiscal de manera sostenible, sobre todo si no existen ingresos reales que lo respalden.
También se produjo un retroceso en medidas orientadas al sector privado y la inversión, como los alivios fiscales y el perdonazo tributario, que quedaron sin efecto. A esto se suma el retraso en la aplicación plena del ajuste, ahora sujeto a negociación constante, lo que resta efectividad a las medidas anticrisis.
Otro punto crítico son las señales mixtas al mercado. Cambiar normas bajo presión social genera dudas sobre la estabilidad jurídica y económica del país, tanto para actores internos como externos, lo que puede desincentivar la inversión privada y la llegada de capitales.
En lo político, Romero ve que se dejó el mensaje de que bloquear sigue funcionando. El Ejecutivo queda atrapado en una lógica de negociación permanente y corre el riesgo de gobernar condicionado por la presión de la calle, incluso en decisiones técnicas.
¿Derrota política o búsqueda de gobernabilidad?
Para el economista, no fue una derrota total, pero sí una retirada reactiva y no estratégica. El Gobierno perdió el control del relato y evidenció fragilidad en la gestión del conflicto social, aunque logró salvar la reforma central y evitar que el país se paralice completamente.
En palabras simples, el Ejecutivo cedió poder para ganar tiempo y oxígeno político, evitando que la crisis se le vaya de las manos.
Tres recomendaciones clave
- Explicar con números, no solo con decretos.
Las reformas económicas deben construirse con datos claros, pedagogía social y beneficios visibles. Cuando la gente entiende el porqué, la resistencia disminuye. - Compensar, pero con foco.
Bonos sí, pero temporales, dirigidos a los sectores más vulnerables y sin generar desorden fiscal. Compensar no es regalar, es proteger la estabilidad. - Institucionalizar el diálogo económico.
Mesas técnicas permanentes y diálogo preventivo con sectores clave, antes del conflicto. Negociar bajo presión no es gobernar; prevenir es ejercer poder.
En suma, Romero considera que la abrogación del DS 5503 no significó un retroceso total, sino un ajuste político para preservar la gobernabilidad y evitar un daño económico mayor. El Gobierno mantuvo parte del núcleo de la reforma, pero quedó en evidencia que las reformas sin consenso social previo son frágiles, costosas y políticamente riesgosas.