Redacción | Activo$ Bolivia
En Bolivia, hablar de devaluación ya no es un tema técnico reservado para economistas. Es una realidad que se siente en el mercado, en el surtidor, en la farmacia y en la mesa familiar. Según el economista Fernando Romero, el país ya vive una devaluación en los hechos, aunque todavía no se la haya reconocido de manera oficial.
Hoy el tipo de cambio fijo es más un recuerdo que una política efectiva. Mientras el dólar oficial sigue en Bs 6,96, el referencial del Banco Central de Bolivia (BCB) ya ronda los Bs 9,35 y el paralelo se mueve cerca de Bs 9,51. En la práctica, la economía funciona con un dólar entre 35% y 40% más caro. Formalizar esa realidad, dice Romero, sería coherente, pero no inocuo.
El segundo gran problema es que el BCB ya no tiene suficientes dólares líquidos para defender el tipo de cambio oficial. De las Reservas Internacionales Netas, que alcanzan unos 3.907 millones de dólares, el 86% está en oro. Solo alrededor de 487 millones son divisas disponibles. Con ese margen, sostener un dólar fijo se vuelve casi imposible.
Ante este escenario, una devaluación oficial (posiblemente mediante un sistema de bandas entre Bs 9 y Bs 10) permitiría ordenar el mercado cambiario, reducir arbitrajes y achicar la brecha con el dólar paralelo. No sería una liberalización total, sino una devaluación administrada. Técnicamente viable, sí. Social y políticamente, muy riesgosa.
¿Lo bueno?
El “sinceramiento” macroeconómico. Se acaba la ficción del dólar barato, mejora la transparencia fiscal y los balances del Estado y del BCB se ven fortalecidos, porque sus activos en dólares pasan a valer más en bolivianos. Además, un tipo de cambio más alto puede incentivar exportaciones y desalentar importaciones, ayudando (aunque sea parcialmente) a corregir el déficit externo.
¿Lo malo?
El golpe directo al bolsillo. Los salarios están en bolivianos, pero muchos precios ya no. Una devaluación oficial implica una caída inmediata del salario real, sobre todo si no hay ajustes rápidos. La inflación se acelera, especialmente en alimentos importados, medicamentos, insumos industriales y combustibles. Y esa inflación termina presionando al Estado para subir bonos, salarios y subsidios, lo que agrava el déficit fiscal.
Romero explica claramente que pasar a un tipo de cambio flexible es reconocer oficialmente una devaluación del 29% al 44%. Las consecuencias son inmediatas con pérdida de poder adquisitivo, menor capacidad de ahorro y mayor informalización laboral, sobre todo en pequeñas empresas que ajustan reduciendo personal o precarizando empleos.
¿Quiénes ganan y quiénes pierden?
Gana el BCB, en términos contables; ganan los exportadores y sectores que facturan en dólares; y el Estado, que recauda más en términos nominales.
Pierden los trabajadores, los jubilados, la Gestora Pública y los ahorrantes en bolivianos. Es decir, la mayoría.
El mayor riesgo, advierte el economista, es devaluar sin red de protección. Sin ajustes salariales, sin compensaciones focalizadas y sin protección a pensionados, la devaluación se traduce en empobrecimiento neto. Además, hacerlo sin reglas claras puede erosionar la credibilidad institucional, alimentar la dolarización informal y fortalecer aún más el mercado paralelo.
La conclusión es incómoda pero directa y es que el dólar barato ya no existe, pero los sueldos siguen siendo “baratos”. La economía ya se ajustó al dólar caro; la gente, no. El problema no es devaluar, sino cómo y cuándo hacerlo.
La recomendación final de Romero es sensata al señalar que si el Gobierno decide devaluar, no puede hacerlo solo. Necesita respaldo en dólares, ajustes graduales, protección a salarios y pensiones, apoyo a productos básicos y, sobre todo, decir la verdad. Porque devaluar sin plan es crisis; devaluar con respaldo y protección puede ser un ajuste responsable.