Redacción | Activo$ Bolivia

El pedido de incremento salarial del 20%, planteado por la Central Obrera Boliviana (COB), podría generar efectos económicos adversos significativos tanto en el sector público como en el privado en el actual contexto del país, advierte el economista Fernando Romero. Añade que esta propuesta abre un debate necesario sobre sostenibilidad económica y equilibrio social.

En el ámbito estatal, el impacto sería inmediato. Afirma que un aumento de esta magnitud implicaría un crecimiento directo del gasto en sueldos, presionando aún más el déficit fiscal existente. A esto se suma un efecto en cadena porque múltiples pagos, como pensiones y bonos, están indexados al salario mínimo, lo que provocaría un incremento automático en estas obligaciones.

En términos simples, el Estado se vería obligado a gastar más recursos sin que necesariamente exista un aumento proporcional en sus ingresos. Esta dinámica podría comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo, reduciendo el margen de maniobra para inversión y políticas sociales.

Por otro lado, Romero señala que el sector privado enfrentaría un escenario más complejo y desigual. Si bien el impacto variaría según el tamaño y rubro de las empresas, el incremento representaría un alza considerable en los costos laborales, especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas.

Ante este contexto, muchas organizaciones podrían verse obligadas a tomar decisiones difíciles como reducir personal, frenar nuevas contrataciones formales o, en algunos casos, incumplir normativas laborales. Sectores como comercio, servicios, construcción y agro serían particularmente vulnerables, dada su estructura de costos y niveles de productividad.

En la práctica, esto podría traducirse en un efecto indirecto sobre los consumidores, ya que algunas empresas optarían por trasladar el incremento de costos a los precios finales, alimentando presiones inflacionarias.

Romero explica que, si bien un aumento del salario mínimo tiene el potencial de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores en el corto plazo, también conlleva riesgos relevantes. Entre ellos, una mayor presión fiscal, posibles efectos inflacionarios y tensiones en el mercado laboral, incluyendo el incentivo a la informalidad.

Frente a este escenario, la principal recomendación apunta a la prudencia. Un ajuste salarial debería ser gradual, coordinado entre el sector público y privado, y acompañado de políticas que impulsen la productividad. Solo así será posible proteger los ingresos de los trabajadores sin comprometer la estabilidad económica del país.