Redacción | Activo$ Bolivia

El reciente fallo del Tribunal Supremo de Justicia que ordena a la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) pagar más de 744 millones de bolivianos a FANCESA ha desatado una fuerte controversia en el sector empresarial. La cementera considera que esta decisión desestabiliza a la compañía y afecta indirectamente a más de 200.000 familias que dependen de su operación, además de enviar una señal alarmante para la inversión extranjera en el país.

Un litigio de 15 años que sigue generando controversia

La disputa entre SOBOCE y FANCESA se remonta a 2011, cuando la segunda demandó a la primera por «competencia desleal». En ese entonces, SOBOCE había usado acciones de FANCESA como garantía para un crédito destinado a ampliar sus operaciones. Sin embargo, dichas acciones fueron expropiadas en 2010. En 2018, casi una década después y cuando el caso ya habría prescrito, FANCESA interpuso una nueva demanda exigiendo una indemnización millonaria.

SOBOCE sostiene que, lejos de haber afectado a FANCESA, esta empresa tuvo en ese periodo sus mayores utilidades. «No hubo daño alguno. FANCESA ha sido convertida en una agencia de empleo en vez de enfocarse en su crecimiento», afirmó Ximena Riveros, gerente Nacional Legal de SOBOCE. Desde la cementera aseguran que el fallo no tiene sustento legal y que mezcla intereses judiciales con políticos.

Un fallo sin precedentes y cuestionado por su legalidad

SOBOCE ha calificado la decisión como irregular, ya que se basa en la figura del «daño al proyecto de vida», un concepto jurídico reservado para víctimas de delitos de lesa humanidad, como el genocidio. Según la empresa, este principio no debería aplicarse en una controversia comercial entre compañías privadas, menos aun cuando no fue solicitado por FANCESA en su demanda original.

El criterio fue introducido por un perito contable sin facultad para interpretar fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que generó una valoración que SOBOCE considera arbitraria. «El Tribunal Supremo de Justicia debía anular este tipo de actuaciones ilegales, no avalarlas. Se sienta un precedente peligroso que pone en riesgo la seguridad jurídica y la inversión en Bolivia», advirtió Riveros.

Miles de familias en riesgo y un golpe a la inversión

La indemnización ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia amenaza con afectar la continuidad de SOBOCE, que emplea directamente a 1.500 personas y sostiene una cadena de valor que impacta en más de 200.000 familias. Transportistas, proveedores de materia prima, distribuidores y trabajadores de sus fábricas en Viacha, Warnes y El Puente podrían ver comprometida su estabilidad económica.

Asimismo, la empresa ha advertido que el fallo afecta los planes de inversión del Grupo Gloria, su casa matriz, en Bolivia. «Este tipo de aberraciones judiciales inviabilizan operaciones financieras y eliminan incentivos para nuevas inversiones privadas en el país», señalaron desde la empresa.

A pesar del revés judicial, SOBOCE reafirma su compromiso con la legalidad y la transparencia, y ha anunciado que agotará todas las instancias nacionales e internacionales para revertir la decisión. «No descansaremos hasta que se haga justicia», expresó Riveros.