Redacción | Activo$ Bolivia
La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) volvió a llevar su disputa judicial con FANCESA al ámbito constitucional. La empresa informó que presentó una Queja por Incumplimiento ante la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, argumentando que el Auto Supremo N.° 1190/2026, emitido el pasado 26 de junio por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), no cumple las directrices establecidas previamente por la justicia constitucional.
Según la compañía, el nuevo fallo mantiene las mismas vulneraciones que ya habían sido observadas en la Resolución Constitucional N.° 136/2025, la cual había ordenado corregir aspectos relacionados con el debido proceso y el derecho a la defensa.
SOBOCE cuestiona la indemnización
Uno de los principales cuestionamientos de la empresa apunta a la indemnización fijada por el TSJ. De acuerdo con SOBOCE, aunque el propio tribunal reconoce que el concepto de «proyecto de vida» no puede aplicarse a una persona jurídica, mantiene una compensación de Bs 479,2 millones bajo el argumento de que dicha denominación fue «técnicamente impropia».
La empresa sostiene que esa explicación carece de sustento jurídico y contradice los criterios establecidos previamente por la jurisdicción constitucional.
Además, cuestiona que el monto total de la condena haya sido elevado hasta Bs 744,3 millones mediante una supuesta actualización del valor económico, sin una fundamentación suficiente sobre por qué ese cálculo debía realizarse en esta etapa del proceso y no durante la ejecución de la sentencia.
Observaciones al proceso
En su pronunciamiento, SOBOCE también señala una serie de presuntas irregularidades procesales.
Entre ellas menciona que el TSJ reconoció que un recurso de reposición presentado por la empresa nunca fue tramitado, aunque decidió no retrotraer el proceso al considerar que esa omisión no tenía efectos suficientes para anular el fallo.
Asimismo, sostiene que el tribunal resolvió directamente una excepción de prescripción sin que esta hubiera sido analizada previamente por instancias inferiores e incorporó artículos de la Constitución Política del Estado que, según la empresa, nunca fueron debatidos durante el proceso judicial.
Solicitan suspender la ejecución
Frente al impacto económico de la sentencia, SOBOCE solicitó al Tribunal de Garantías la suspensión provisional de la ejecución del Auto Supremo N.° 1190/2026, así como de cualquier medida de embargo o cobro mientras se resuelven las acciones constitucionales en curso.
La empresa afirma que la aplicación inmediata del fallo podría afectar su estabilidad financiera, operativa y patrimonial.
Advierten riesgo para el empleo
Otro de los argumentos expuestos por SOBOCE es el posible impacto sobre su fuerza laboral.
La compañía sostiene que la ejecución inmediata de la resolución podría comprometer el cumplimiento de obligaciones laborales y poner en riesgo tanto empleos directos como puestos de trabajo vinculados a proveedores y contratistas que forman parte de su cadena productiva.
El conflicto con FANCESA
En su comunicado, SOBOCE también afirma que el proceso por presunta competencia desleal impulsado por FANCESA busca retrasar el pago de la indemnización que, según la empresa, el Estado mantiene pendiente desde hace más de 16 años por la expropiación de sus acciones.
La compañía considera que el litigio ha sido utilizado como un mecanismo para evitar el cumplimiento de esa obligación económica.
Piden revisión del caso
Finalmente, SOBOCE expresó su respaldo a la revisión del proceso por parte del Consejo de la Magistratura y planteó que facultades de Derecho, colegios de abogados y otras instituciones académicas analicen el caso para evaluar, desde una perspectiva jurídica, las actuaciones procesales y los criterios utilizados en la sentencia.
La empresa concluyó reiterando su compromiso con el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, insistiendo en que las resoluciones de la jurisdicción constitucional deben cumplirse plenamente y que las garantías establecidas en la Constitución deben aplicarse de manera igualitaria para todos los ciudadanos y empresas.