Redacción | Activo$ Bolivia

El Gobierno nacional presentó este miércoles un Plan de Acciones de Emergencia destinado a mitigar el impacto de los bloqueos sobre los sectores de turismo, cultura, folklore y gastronomía, actividades que figuran entre las más afectadas por más de 40 días de interrupciones en la transitabilidad del país. Sin embargo, mientras las autoridades destacan la iniciativa como un mecanismo de recuperación, gremios empresariales y representantes del sector privado cuestionan que las medidas lleguen cuando las pérdidas económicas ya alcanzan niveles críticos.

Durante la presentación del plan, la ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cynthia Yañez, explicó que la estrategia contempla tres etapas: una fase inmediata de registro de daños y coordinación con los sectores afectados; una segunda etapa orientada a proteger el empleo y reactivar la actividad económica; y una tercera enfocada en fortalecer la resiliencia del sector frente a futuras crisis. Según la autoridad, las medidas incluyen mecanismos de financiamiento, capacitación y alivios económicos para actividades vinculadas al turismo, la gastronomía y los eventos culturales.

El Ministerio estima que cerca de 90.000 empleos vinculados a estos sectores se encuentran en riesgo debido a la paralización de actividades provocada por los bloqueos. Asimismo, el Gobierno calcula que solo los sectores de turismo y gastronomía acumulan pérdidas cercanas a los 1.100 millones de bolivianos desde el inicio del conflicto.

No obstante, la respuesta oficial ha sido recibida con escepticismo por parte de diversos sectores empresariales que consideran que la magnitud del problema supera ampliamente los alcances de un programa de asistencia sectorial.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advirtió recientemente que miles de pequeñas y medianas empresas se encuentran al límite de su sostenibilidad financiera debido a la persistencia de los bloqueos. La entidad sostuvo que los efectos de la crisis no terminarán cuando se levanten las medidas de presión, sino que podrían extenderse durante meses o incluso años, afectando el empleo, las inversiones y los ingresos de los hogares bolivianos.

Desde Santa Cruz, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) fue aún más contundente. Su presidente, Jean Pierre Antelo, afirmó que las pérdidas acumuladas por más de un mes de bloqueos superan los 2.000 millones de dólares y advirtió que Bolivia corre el riesgo de perder mercados internacionales construidos durante años. Según el dirigente empresarial, el daño a las cadenas logísticas y al comercio exterior podría tardar mucho tiempo en revertirse.

A estas observaciones se suman las del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Su gerente, Gary Rodríguez, alertó que los bloqueos no solo generan pérdidas económicas estimadas en alrededor de 1.700 millones de dólares, sino que además deterioran la imagen internacional del país y reducen la confianza de potenciales inversionistas. «¿Quién va a querer hacer negocios o invertir en Bolivia?», cuestionó el ejecutivo al referirse a la percepción de inestabilidad que proyecta el conflicto.

Las cifras de afectación también se reflejan a nivel regional. La Federación de Empresarios Privados de La Paz reportó pérdidas superiores a los 500 millones de dólares en ese departamento, mientras que organizaciones de pequeños productores y microempresarios denuncian el cierre temporal de miles de unidades productivas incapaces de abastecer mercados o cumplir contratos debido a las restricciones de transporte.

En este contexto, la principal crítica del empresariado no apunta únicamente a la necesidad de programas de reactivación, sino a la ausencia de soluciones estructurales para garantizar la libre circulación de personas y mercancías. Los dirigentes empresariales sostienen que ningún plan de apoyo podrá compensar plenamente las pérdidas mientras persistan los bloqueos y la incertidumbre sobre el abastecimiento de combustibles, alimentos e insumos productivos.

La situación ocurre en un momento especialmente delicado para la economía boliviana. La prolongación de los bloqueos ha provocado problemas de abastecimiento, incremento de precios, dificultades logísticas y una creciente preocupación por el impacto sobre la actividad productiva nacional. Incluso medios internacionales han advertido que la crisis social y económica está generando tensiones que podrían derivar en medidas extraordinarias para restablecer la transitabilidad en distintas regiones del país.

Por ahora, el Plan de Acciones de Emergencia representa el principal instrumento del Gobierno para atender a los sectores más golpeados por la coyuntura. Sin embargo, el debate de fondo continúa abierto: mientras las autoridades hablan de recuperación y resiliencia, empresarios y productores insisten en que la prioridad inmediata debe ser restablecer las condiciones mínimas para que la economía vuelva a funcionar con normalidad.