Edwin Carpio San Miguel | Activo$ Bolivia

Mientras Bolivia acumula pérdidas millonarias debido a los bloqueos de carreteras que restringen la circulación de productos, insumos y mercancías, crece la presión desde la Asamblea Legislativa para que el Gobierno implemente un puente aéreo subsidiado de emergencia que permita mitigar los efectos de la crisis en las regiones más afectadas.

La medida surge en un contexto marcado por dificultades de abastecimiento que golpean a sectores agrícolas, pecuarios, comerciales y de salud. La imposibilidad de transportar alimentos, medicamentos e insumos productivos por vía terrestre ha llevado a que los corredores aéreos humanitarios dejen de ser considerados una alternativa logística y pasen a ser vistos como una herramienta de contingencia para proteger la seguridad alimentaria y la atención sanitaria.

Durante la 128ª Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados se aprobó una Declaración Camaral que solicita al Órgano Ejecutivo la activación de corredores aéreos hacia los departamentos afectados por los bloqueos. Sin embargo, la propuesta incorpora un elemento central: la necesidad de una subvención estatal para cubrir los elevados costos del transporte aéreo.

El desafío de los costos

El diputado cochabambino Luis Laredo advirtió que la implementación de un puente aéreo requiere apoyo económico del Estado debido a la significativa diferencia entre los costos del transporte terrestre y aéreo.

Según explicó, un camión con capacidad para transportar aproximadamente 30 toneladas de alimentos puede realizar un viaje con un costo cercano a los 9.450 bolivianos. En contraste, una aeronave con capacidad para trasladar cerca de 20 toneladas puede superar los 200.000 bolivianos por operación.

La diferencia evidencia que un esquema de transporte aéreo no puede sostenerse únicamente bajo criterios de mercado ni trasladar el incremento de costos al consumidor final, especialmente cuando se trata de productos de la canasta básica familiar.

Ante esta situación, la propuesta legislativa plantea que el Estado coordine acciones con la Fuerza Aérea Boliviana, aeronaves militares, empresas públicas y operadores comerciales para reducir el impacto económico de la emergencia y garantizar el suministro de bienes esenciales.

Cochabamba, uno de los departamentos más vulnerables

La preocupación es especialmente alta en Cochabamba, uno de los principales polos avícolas del país. De acuerdo con datos expuestos por el legislador, el departamento necesita alrededor de 600 toneladas diarias de alimento para abastecer a sus granjas.

La interrupción del flujo de insumos provenientes de Santa Cruz amenaza la continuidad de la producción avícola y podría generar efectos directos sobre la oferta y el precio de la carne de pollo en los mercados nacionales.

La situación también pone de manifiesto el impacto estructural de los bloqueos sobre las cadenas productivas. Más allá de las restricciones al tránsito, los cortes de ruta afectan la provisión de materias primas, elevan los costos logísticos y generan riesgos para el abastecimiento de alimentos y otros productos esenciales.

Piden un plan nacional de emergencia

Para los sectores que respaldan la iniciativa, las medidas adoptadas hasta el momento resultan insuficientes frente a la magnitud de la crisis. La demanda principal apunta a la implementación de un plan nacional de emergencia que permita sostener el abastecimiento mientras persistan los bloqueos.

“Se necesita un puente aéreo subsidiado, permanente mientras dure la crisis, para atender las necesidades de las familias bolivianas”, sostuvo Luis Laredo, al insistir en que la respuesta estatal debe priorizar la seguridad alimentaria y la continuidad de las actividades productivas en las regiones afectadas.

La propuesta abre el debate sobre el costo fiscal de una operación de estas características, pero también sobre el impacto económico y social que podría generar la falta de medidas extraordinarias en un escenario donde los bloqueos continúan afectando el funcionamiento de sectores estratégicos de la economía nacional.