Edwin Carpio San Miguel | Activo$ Bolivia

El Gobierno acaba de aprobar un incremento salarial del 5% para siete empresas públicas y la noticia no pasó desapercibida. El Decreto Supremo 5461, emitido el 22 de septiembre, autoriza esta medida justo cuando el país atraviesa un déficit fiscal crónico y a menos de un mes del balotaje que definirá al próximo presidente.

El analista financiero Jaime Dunn fue directo al grano: “La economía está muy destruida y cada minuto que pasa empeora. Antes, los gobiernos salientes al menos intentaban ordenar un poco la casa; aquí, en cambio, parecen empeñados en desordenarla más”.

El incremento beneficiará a trabajadores de ENDE, Entel, la Gestora Pública y las mineras Vinto, Colquiri, Huanuni y Corocoro. Varias de estas compañías son vistas como verdaderos “paraísos laborales”, con planillas grandes y costos que no dejan de crecer. Solo ENDE, con unos 5.000 empleados, aplicará el aumento a quienes ganen menos de Bs 12.000. La Gestora Pública, con más de 500 funcionarios, también se suma a la lista.

Lo que más preocupa es que estas mismas empresas cargan con millonarias deudas con el Banco Central. ENDE debe casi Bs 20.000 millones, YPFB arrastra más de Bs 9.600 millones y YLB más de Bs 5.500 millones. A eso se suma el FINPRO, un fondo creado en 2012 con $us 1.200 millones de las reservas internacionales, destinado a financiar proyectos estatales. Hoy, 16 empresas públicas deben más de $us 6.600 millones a este fondo, incluyendo a varias de las beneficiadas con el incremento salarial.

Mientras la billetera pública se adelgaza y las deudas se inflan, el Gobierno da luz verde a más gastos fijos. Para Dunn, es la evidencia de un manejo fiscal errático que deja al próximo gobierno un panorama complicado.