Sandra Arias Lazcano | Activo$ Bolivia
Cuando Dunia Arandia Quiroga habla de justicia, no lo hace desde la teoría, sino desde una trayectoria de 27 años que ha transitado entre juzgados, notarías y el ejercicio libre de la abogacía.
Formada en la Universidad Mayor de San Simón, su carrera es también el reflejo de una transformación más amplia, la del rol de la mujer en el ámbito jurídico y dirigencial. “Ya no solo somos buenas profesionales, también ocupamos espacios de decisión”, afirma.
Su llegada a la presidencia del Colegio de Abogados de Cochabamba, en 2022, no fue un punto de llegada, sino el inicio de una reconstrucción. La institución, según describe, estaba “al borde de la quiebra”, debilitada tanto en lo económico como en lo institucional. El desafío era doble porque había que rescatar la estructura interna y devolverle legitimidad frente a la sociedad.
Ese proceso implicó ordenar finanzas, recuperar infraestructura y, sobre todo, reconstruir confianza entre los cerca de 8.900 afiliados. “No se puede defender a la sociedad si la institución que nos representa está debilitada”, sostiene.
Una justicia en deterioro
Arandia no esquiva el diagnóstico y afirma que, en los últimos 15 años, la justicia boliviana ha experimentado un deterioro sostenido. La causa, asegura, no es solo estructural, sino también ética. “Tenemos excelentes profesionales, pero también muy malos. Y ahí radica el problema”.
Uno de los factores que identifica es la creación del Registro Público de Abogados (RPA), dependiente del Ministerio de Justicia, que introdujo un sistema paralelo al de los colegios profesionales. Esta medida, según su lectura, no solo debilitó financieramente a las instituciones colegiadas, sino que también generó un vacío en el control ético.
“Se creó un registro, pero no los tribunales de ética que debían acompañarlo. Eso derivó en profesionales que ejercen sin control”, explica. El resultado son prácticas antiéticas que afectan directamente la credibilidad del sistema judicial.
Empresas, leyes y un entorno adverso
Desde una mirada vinculada al ámbito empresarial, Arandia identifica otro foco crítico y es el marco normativo. A su juicio, las reglas actuales no han favorecido el crecimiento económico. “Las normas han sido más un obstáculo que un impulso”, señala.
El sistema impositivo, particularmente, ha generado presión sobre las empresas mediante sanciones y multas que dificultan su sostenibilidad. Esto, advierte, ha incentivado la informalidad y debilitado la inversión.
La solución, en su criterio, pasa por una reforma profunda del entorno normativo, desde la Ley de Inversiones hasta el sistema financiero. Incluso plantea la necesidad de cambios constitucionales que otorguen mayor seguridad jurídica y equilibrio entre empleadores y trabajadores.
Tecnología: entre oportunidad y desafío
En paralelo, la transformación digital empieza a abrirse paso en el ejercicio del derecho. La implementación de expedientes virtuales y el avance de la inteligencia artificial representan oportunidades, pero también desafíos.
“El futuro es tecnológico, pero aún no estamos preparados”, reconoce. La falta de normativa y de habilidades digitales limita el aprovechamiento de estas herramientas. Desde el Colegio, se han impulsado capacitaciones, bibliotecas virtuales y programas de formación para reducir esa brecha.
Aun así, Arandia marca una línea clara al señalar que la tecnología no puede sustituir el componente humano de la justicia. “La ley se aplica, pero también se interpreta desde lo humano”, enfatiza.
Ética como eje estructural
El Registro Público de Abogados (RPA), creado por normativa estatal en el gobierno del MAS, permite el ejercicio profesional sin necesidad de afiliación a colegios departamentales. Sin embargo, la ausencia de tribunales de ética efectivos ha generado un vacío en la regulación disciplinaria.
Para Dunia Arandia, la ética no es un valor accesorio, sino el punto de partida para cualquier reforma judicial. Por eso, propone fortalecer tribunales de ética y recuperar el control institucional sobre el ejercicio profesional.
Reformar desde la raíz
Para Arandia, cualquier cambio estructural pasa inevitablemente por la Constitución. Propone modificar el sistema de selección de magistrados, incorporar criterios de meritocracia y garantizar independencia frente al poder político.
También plantea un incremento sustancial del presupuesto judicial, que actualmente no supera el 0,33%. “Sin recursos no hay justicia. Un juez no puede atender mil casos sin afectar la calidad”, advierte.
La sobrecarga laboral, la falta de infraestructura y la precariedad tecnológica configuran un escenario donde la retardación de justicia se vuelve inevitable.
Liderar desde la convicción
Más allá de las reformas, su discurso vuelve siempre a un punto central: la ética. Es ahí donde sitúa el futuro de la abogacía y el rol de las nuevas generaciones.
“Deben volver a la academia, al estudio, al respeto por la profesión”, afirma. En su visión, el abogado no solo litiga, sino que cumple una función social como garante de derechos y contrapeso del poder.
Esa convicción también atraviesa su propia historia. Como mujer, reconoce las barreras, pero insiste en que la organización y la perseverancia permiten superarlas. “No hay límites si hay decisión”, dice.
En medio de un sistema cuestionado y una institucionalidad en reconstrucción, Dunia Arandia Quiroga no propone soluciones simples. Su apuesta es más compleja porque apunta a reconstruir desde adentro, recuperar la ética y devolverle a la justicia su sentido original.