Redacción | Activo$ Bolivia
Bolivia enfrenta un problema que va mucho más allá del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando o el lavado de dinero. El verdadero riesgo, según dos nuevos estudios presentados por la Fundación Milenio, es la combinación de economías ilícitas, captura institucional y erosión del tejido social en un Estado donde varias de las instituciones llamadas a combatir estos fenómenos existen formalmente, pero carecen de capacidad efectiva.
El diagnóstico está contenido en el informe “Un campo minado: economías ilícitas, captura institucional y erosión del tejido social”, elaborado por los investigadores Henry Oporto y Ricardo Calla, y en el estudio regional “Grietas en el sistema: una evaluación de la vulnerabilidad a la captura autoritaria en América Latina”, coordinado por el Centro de Estudios de la Democracia (CSD) y la Fundación Milenio.
El segundo estudio analiza 24 países latinoamericanos en tres momentos —2021, 2023 y 2025— a partir de cuatro variables: fragilidad institucional, restricciones al espacio cívico, penetración criminal y exposición externa. Bolivia aparece entre los países especialmente vulnerables a la convergencia entre estructuras de poder autoritario y redes criminales transnacionales.
Un Estado debilitado frente a mercados que sí funcionan
El informe sobre Bolivia sostiene que, durante las últimas dos décadas, la economía política de los mercados ilícitos se expandió al amparo de un Estado capturado por facciones político-partidarias, grupos sindicales e intereses corporativos con capacidad de influencia sobre poderes locales, instituciones y sectores de la sociedad.
El resultado es una paradoja porque mientras las actividades ilegales construyen redes cada vez más sofisticadas, las instituciones encargadas de enfrentarlas permanecen debilitadas, politizadas o sin recursos suficientes.
El narcotráfico, la minería ilegal del oro, el contrabando, el lavado de dinero y el tráfico de armas no operan, por tanto, únicamente en espacios clandestinos. Su expansión encuentra condiciones favorables cuando los controles estatales son débiles y cuando quienes deben fiscalizar, investigar y sancionar carecen de independencia.
El informe identifica al menos 17 clanes narcotraficantes registrados por las autoridades en 2025 y menciona los escándalos conocidos como los de los “narcogenerales” dentro de la Policía, además de cuestionar la independencia de la justicia y advertir sobre la penetración de redes de corrupción.
A esto se suma otro indicador relevante y es que Bolivia reingresó, en junio de 2025, a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) debido a deficiencias en sus mecanismos de prevención y lucha contra el lavado de activos.
Instituciones que existen, pero no funcionan
Uno de los puntos más contundentes del estudio regional es precisamente la existencia de “instituciones de papel”.
Bolivia cuenta con mecanismos que, al menos formalmente, deberían contribuir a enfrentar las economías ilícitas como una Unidad de Investigación Financiera, organismos reguladores y normas que establecen controles y procedimientos.
El problema es que la existencia jurídica de una institución no garantiza su funcionamiento.
El estudio advierte que estos mecanismos pierden efectividad por presiones políticas, falta de recursos y precariedad institucional. En otras palabras, el Estado puede tener leyes, oficinas, funcionarios y procedimientos, pero si no posee autonomía, capacidad técnica y mecanismos efectivos de sanción, esas estructuras terminan convirtiéndose en una fachada institucional.
Esta debilidad genera un terreno particularmente fértil para la captura institucional: las organizaciones criminales no necesitan necesariamente controlar todo el Estado; les basta con penetrar, influir o neutralizar aquellos puntos estratégicos donde se toman decisiones, se controla el dinero, se fiscaliza una actividad económica o se administra justicia.
El costo económico de la captura
El problema también es económico. Las economías ilícitas distorsionan los mercados, generan competencia desleal, alimentan la corrupción y permiten que recursos provenientes de actividades criminales ingresen al circuito formal mediante mecanismos de lavado.
La minería ilegal puede competir con operadores formales que cumplen normas laborales, ambientales y tributarias. El contrabando afecta a productores y comerciantes que pagan impuestos. El lavado de activos permite que capitales de origen ilícito compitan por propiedades, empresas y otros activos con dinero legítimo.
La consecuencia es una economía en la que cumplir las reglas puede resultar más costoso que evadirlas.
Cuando esa percepción se instala, la informalidad y la ilegalidad dejan de ser fenómenos marginales y comienzan a erosionar la confianza en el Estado y en las propias reglas del mercado.
Tres reformas para recuperar el Estado
Para Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, el problema no se resolverá únicamente con operativos policiales o cooperación internacional.
La institución plantea una estrategia democrática de seguridad pública sustentada en cuatro grandes reformas.
La primera es la profesionalización y despolitización de la Policía Boliviana, acompañada de una nueva política penitenciaria.
La segunda apunta a recuperar la independencia del sistema judicial y del Ministerio Público mediante un “Pacto Nacional por la Justicia”.
La tercera busca fortalecer la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y los mecanismos para rastrear el lavado de dinero, siguiendo las recomendaciones del GAFILAT.
Y la cuarta plantea aprobar una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y una Ley de Contrataciones Estatales, dos instrumentos que, según el informe, Bolivia todavía no tiene pese a ser normas existentes en buena parte de la región.
La lógica es clara: no se necesitan más instituciones de papel, sino instituciones que funcionen.
Una oportunidad para reconstruir la institucionalidad
El cambio de ciclo político abre, según el informe, una oportunidad para reconstruir las capacidades del Estado. Pero esa oportunidad no dependerá únicamente de una mayor cooperación internacional ni de un incremento de las operaciones contra el crimen organizado.
También está en juego la relación de Bolivia con organismos y gobiernos extranjeros en materia de seguridad. El informe analiza la reapertura de la cooperación antidrogas con Estados Unidos, la Unión Europea y países vecinos, incluido el retorno de la DEA, y advierte sobre los desafíos que esa nueva etapa plantea en materia de soberanía.
El mensaje de fondo de los estudios es que la seguridad no puede separarse de la institucionalidad.
Un país puede aumentar sus operativos, crear nuevas unidades y endurecer sus leyes, pero si la Policía no es profesional, la justicia no es independiente, los organismos financieros no pueden investigar con autonomía y las contrataciones públicas carecen de transparencia, las economías ilícitas seguirán encontrando espacios para crecer.
Bolivia enfrenta así un problema que no se reduce a cuántas organizaciones criminales existen. El desafío mayor es evitar que las redes económicas ilegales terminen aprovechando la debilidad del Estado para convertir la captura institucional en una forma de gobernanza paralela.
En ese escenario, reconstruir la institucionalidad no es únicamente una tarea política. Es también una condición para recuperar la seguridad, proteger la economía formal, mejorar la inversión y restablecer la confianza en las reglas del juego.