Redacción | Activo$ Bolivia

Los recientes decretos aprobados por el Gobierno buscan responder a algunos de los efectos más visibles de la actual coyuntura económica y social que atraviesa Bolivia. Sin embargo, para el economista Fernando Romero, se trata principalmente de medidas de estabilización de corto plazo que, aunque pueden generar cierto alivio inmediato, no sustituyen las reformas estructurales que el país necesita.

Uno de los decretos más relevantes es el DS 5630, que permite a las personas afectadas por los bloqueos reprogramar o refinanciar sus créditos sin una reclasificación automática de riesgo. Según Romero, esta medida ayudará a contener temporalmente el incremento de la mora bancaria.

Actualmente, el sistema financiero mantiene indicadores sólidos, con una mora cercana al 2,9%, una cobertura de previsiones del 148% y un coeficiente de adecuación patrimonial de 14,9%. Sin embargo, el analista advierte que el decreto no elimina el riesgo crediticio, sino que posterga parte del problema.

«Lo que hace la medida es ganar tiempo. Si la recuperación económica continúa siendo lenta, es posible que durante 2027 se observe un incremento gradual de la mora», explica.

Respecto a los prestatarios que accedan al beneficio, Romero señala que existe la posibilidad de que las cuotas aumenten una vez concluido el período de gracia, aunque esto dependerá de las condiciones negociadas con cada entidad financiera. El aspecto favorable es que la norma mantiene las tasas originalmente pactadas, evitando un encarecimiento adicional de los créditos.

Presión para la banca

El economista también considera que el sistema financiero deberá asumir costos adicionales derivados de esta medida. Las entidades tendrán que diferir ingresos, cubrir gastos administrativos y realizar modificaciones contractuales sin costo para los clientes.

Si bien la banca registra utilidades superiores a los Bs 1.300 millones y mantiene activos líquidos cercanos a Bs 87.000 millones, una aplicación masiva del beneficio podría afectar temporalmente la rentabilidad y aumentar las exigencias de gestión de liquidez, especialmente en entidades con fuerte presencia en sectores afectados por los bloqueos.

Solventes para evitar paralizaciones

Otro de los decretos analizados por Romero es el DS 5629, que autoriza excepcionalmente la importación de solventes hasta diciembre de 2026.

La medida busca reducir problemas de abastecimiento que afectan a distintas actividades productivas. Industrias químicas, manufactureras, mineras y agroindustriales figuran entre las principales beneficiarias.

Según Romero, la flexibilización permitirá disminuir riesgos de paralización y mejorar la planificación de inventarios, contribuyendo a mantener la producción, el empleo y las exportaciones.

No obstante, aclara que la norma por sí sola no resolverá los problemas energéticos ni logísticos del país. Su efectividad dependerá también de que no vuelvan a registrarse bloqueos prolongados durante el resto del año.

Austeridad con impacto limitado

El tercer decreto analizado es el DS 5628, que establece el aporte voluntario del 50% del salario líquido del Presidente y los ministros para programas de salud.

Para Romero, el efecto financiero de esta medida será reducido en comparación con las necesidades reales del sector sanitario. Aunque el aporte podría representar algunos millones de bolivianos al año, se trata de una cifra pequeña frente a un presupuesto de salud que se mide en miles de millones.

«Su principal valor es político y simbólico», sostiene el economista.

El analista considera que la iniciativa transmite un mensaje de solidaridad y austeridad en un momento económico complejo, pero aclara que no tendrá incidencia significativa sobre el déficit fiscal ni sobre las cuentas públicas.

Asimismo, destaca que la credibilidad de la medida dependerá de la transparencia con la que se administren y reporten los recursos recaudados. Informes periódicos, auditorías y mecanismos de rendición de cuentas serán claves para fortalecer la confianza ciudadana.

Reformas pendientes

Fernando Romero sostiene que los desafíos económicos de Bolivia requieren acciones mucho más profundas que un ajuste salarial de las máximas autoridades.

Entre las tareas pendientes menciona una mejor focalización de subsidios, una mayor eficiencia en las empresas públicas, la reducción de gastos administrativos innecesarios, el fortalecimiento de la recaudación tributaria y políticas que impulsen las exportaciones, atraigan inversión privada y permitan recuperar las reservas internacionales.

En criterio del economista, estas transformaciones serán difíciles de implementar en un contexto marcado por desaceleración económica, problemas de gobernabilidad y las consecuencias que dejaron más de 40 días de bloqueos.

En conclusión, Romero considera que los tres decretos apuntan a contener problemas urgentes derivados de la coyuntura actual. Sin embargo, advierte que su éxito dependerá de que sean acompañados por políticas estructurales capaces de fortalecer la estabilidad financiera, recuperar el crecimiento económico y generar mayor confianza en el mediano y largo plazo.