Redacción | Activo$ Bolivia
Durante mayo de 2026, Bolivia vivió uno de los períodos de mayor conflictividad social y política de los últimos años. Los bloqueos de carreteras, las movilizaciones sectoriales y las tensiones políticas no solo paralizaron regiones enteras del país, sino que también provocaron un fuerte golpe a una economía que ya venía mostrando señales de debilidad.
Las estimaciones preliminares hablan de pérdidas cercanas a los 2.000 millones de dólares, una cifra que representa aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Para ponerlo en perspectiva, se trata de un impacto económico comparable al que generan algunas crisis de alcance nacional y cuyos efectos podrían sentirse durante varios meses, e incluso años, advierte el economista Fernando Romero.
Un costo demasiado alto para una economía frágil
La economía boliviana llegó a mayo enfrentando un escenario complicado: déficit fiscal superior al 12% del PIB, deuda pública cercana al 90%, escasez de divisas y dos años consecutivos de contracción económica.
En ese contexto, Romero señala que los conflictos sociales actuaron como un acelerador de los problemas existentes. Las carreteras bloqueadas interrumpieron el transporte de mercancías, limitaron el abastecimiento de combustibles, frenaron exportaciones y dificultaron el funcionamiento normal de empresas, industrias y productores.
Pero el daño no se quedó únicamente en las cifras de producción perdida. También golpeó la confianza. Empresarios, inversionistas y consumidores observaron con preocupación la incapacidad de garantizar la libre circulación de bienes y personas, un elemento fundamental para cualquier economía.
¿Por qué las pérdidas fueron tan grandes?
Romero identifica tres factores directos que explican el enorme costo económico de mayo.
El primero fue la paralización parcial de la producción nacional. Miles de empresas trabajaron por debajo de su capacidad debido a la falta de insumos, combustible o problemas de distribución.
El segundo fue la caída de las exportaciones. Según datos de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB), las pérdidas por ventas al exterior superaron los 690 millones de dólares en los departamentos más afectados. Esto significó menos ingreso de divisas en un momento en que el país ya enfrenta dificultades para acceder a dólares.
La tercera razón fue el incremento de costos logísticos. Los bloqueos obligaron a utilizar rutas alternativas, aumentar tiempos de transporte y asumir gastos adicionales. Como consecuencia, varios productos comenzaron a escasear y sus precios subieron, afectando especialmente a las familias de menores ingresos.
Las causas de fondo
Más allá de los bloqueos, Romero advierte que existen problemas estructurales que amplificaron el impacto.
La primera es la crisis política y el debilitamiento de la gobernabilidad. Cuando los conflictos se prolongan y terminan trasladándose a las carreteras, el costo económico se multiplica rápidamente.
La segunda es la fragilidad macroeconómica acumulada. Bolivia llegó a esta coyuntura con poco margen de maniobra para absorber nuevos shocks debido al elevado déficit fiscal, el alto nivel de endeudamiento y las limitadas reservas internacionales.
Finalmente, está la alta dependencia del transporte terrestre. Gran parte de la actividad económica nacional depende de corredores viales, por lo que cualquier interrupción afecta simultáneamente a productores, comerciantes, exportadores y consumidores.
El riesgo país también pasó factura
La conflictividad de mayo no solo afectó las actividades internas. También deterioró la imagen económica del país ante los mercados internacionales.
Durante los momentos más críticos, el riesgo país de Bolivia superó temporalmente los 600 puntos básicos, situándose entre los más altos de América Latina. Esto significa que el país enfrenta mayores costos para acceder a financiamiento externo y genera señales de alerta para potenciales inversionistas.
Romero señala que la evolución de este indicador dependerá de la estabilidad política y de las medidas económicas que se adopten durante el resto del año.
Los sectores más golpeados
La agroindustria aparece entre los sectores más perjudicados. La interrupción de la logística provocó retrasos en exportaciones, dificultades para conseguir insumos y mayores costos operativos.
La minería también sufrió pérdidas importantes debido a la imposibilidad de transportar minerales hacia los puertos de exportación.
Por su parte, el transporte, el comercio y la logística registraron una paralización casi total en varias regiones, mientras que la industria manufacturera y la construcción enfrentaron escasez de materias primas y retrasos en proyectos.
¿Cuánto tardará la recuperación?
La normalización de las actividades no será inmediata, afirma Romero.
Los sectores de transporte y comercio podrían recuperar su ritmo habitual entre uno y tres meses. La agroindustria y la manufactura necesitarían entre tres y seis meses, mientras que la minería podría tardar hasta nueve meses en recuperar plenamente sus operaciones.
Sin embargo, la recuperación financiera será más lenta. Muchas empresas agotaron capital de trabajo, asumieron nuevas deudas o vieron deteriorada su liquidez. En varios casos, el proceso podría extenderse entre seis y dieciocho meses.
La confianza será el desafío más complejo. Reconstruir la credibilidad económica y la imagen del país ante inversionistas nacionales e internacionales podría tomar entre uno y dos años, calcula Romero.
Tres medidas para evitar una recuperación más lenta
Plantea tres acciones prioritarias para acelerar la recuperación.
La primera es implementar programas de alivio financiero para empresas afectadas, especialmente pequeñas y medianas unidades productivas, transportistas y exportadores.
La segunda consiste en ejecutar un plan de normalización logística que permita restablecer rápidamente el abastecimiento de combustibles, alimentos, medicamentos e insumos productivos.
La tercera, y probablemente la más importante, es construir un programa integral de estabilización económica que recupere la confianza mediante disciplina fiscal, fortalecimiento de reservas internacionales, incentivos a las exportaciones y mayores señales de seguridad jurídica.
Más allá de los números
Romero hace notar que los casi 2.000 millones de dólares perdidos representan apenas una parte del problema. El costo real también incluye inversiones que no llegarán, empleos que podrían retrasarse, oportunidades comerciales perdidas y una imagen internacional deteriorada.
La principal lección que deja mayo de 2026 es que la estabilidad política y la continuidad de las cadenas productivas no son únicamente asuntos de gobernabilidad. Son condiciones esenciales para el crecimiento económico, la generación de empleo y el bienestar de millones de bolivianos.
La recuperación será posible, pero dependerá de la capacidad del país para reconstruir la confianza, reducir la conflictividad y generar certidumbre para quienes producen, invierten y trabajan cada día.