Redacción | Activo$ Bolivia
Bolivia acaba de aterrizar oficialmente en la lista gris del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y no es una lista VIP ni algo que deberíamos celebrar. Al contrario, esto nos pone en una posición bastante incómoda a nivel financiero internacional.
¿Y por qué importa esto? Porque estar en esa lista es como tener un cartel colgado que dice: “¡Ojo con Bolivia! Puede haber problemas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”. ¿Las consecuencias? No son solo reputacionales El economista Rubén Arias, a través de Red UNO, explica que esto significa más trabas para conseguir inversiones, dificultades para acceder a créditos y la posibilidad real de que nos saquen del sistema SWIFT, que es como el WhatsApp de los bancos del mundo para hacer transferencias internacionales.
Según Arias, esto podría costarnos hasta el 8% del PIB anual. ¿Cuánto es eso? Alrededor de 4.000 millones de dólares al año. Imagínate todos los hospitales, escuelas o caminos que podrían construirse con esa plata y todo por no tener una ley que ya estaba lista pero nunca se aprobó (la famosa Ley 1386, que en 2021 fue rechazada por presión social y política).
Aunque Bolivia no es un miembro pleno del GAFI, sí está obligada a cumplir sus estándares por acuerdos internacionales. El problema de fondo, según el analista, es la falta de institucionalidad. Las entidades que deberían vigilar y controlar estos delitos están demasiado politizadas y no funcionan con la autonomía que se necesita. Y para muestra, un dato alarmante: no hay informes públicos de personas judicializadas por lavado de activos. Nada.
Así que más allá de discursos políticos, Arias insiste en que el asunto es técnico y urgente. Necesitamos una unidad de investigación financiera independiente, leyes claras y voluntad real para combatir estos delitos.
Porque si no lo hacemos, el gris puede oscurecer aún más nuestro panorama económico.