Redacción: Agencias-La Paz
Aunque el contrabando es una actividad ilícita que genera millonarias pérdidas al país, a su industria y a la generación de empleo, y aunque es cada vez más evidente su vinculación con delitos transfronterizos y la violencia, para las autoridades, no es sencillo llevar a los traficantes tras las rejas. La razón se encuentra en el artículo 181 del Código Tributario, que establece que el contrabando no es un delito sancionable penalmente si el monto de la mercadería es menor a los 200 UVF (Unidades de Fomento a la Vivienda).
Dicho de otro modo, un contrabandista puede traficar mercadería ilegal por casi medio millón de bolivianos, más o menos el equivalente a ocho camiones de alto tonelaje con mercadería convencional, sin el temor a ir a la cárcel. En caso de ser intervenido, tendrá que pagar una multa, pero no puede ser procesado por la vía penal.
Las cosas no siempre fueron así. La Ley N°2492 de 2003 establecía que sobre las 10 mil UFB, un contrabandista podía ser procesado por la vía penal, pero las cosas cambiaron en 2009, cuando el Presupuesto General de la nación de ese año fijó las 200 mil UFV. Un par de años después, el 4 de abril de 2011, la Ley N°100 volvió a bajar el monto a las 50 mil UFV, pero la medida no tuvo ni dos años de vigencia, ya que el 11 de diciembre de 2012 la Asamblea Legislativa Plurinacional volvió a subir a 200 mil el valor de la mercadería para que el contrabando sea considerado como delito aduanero.
Propuesta empresarial
Una iniciativa de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) propone que se retorne al monto anterior, es decir, que el contrabando sea punible a partir de las 50 mil UFV de tributo aduanero omitido. La propuesta fue presentada durante la Cumbre para la Reactivación Económica y Productiva realizada en 2022 y fue inicialmente bien acogida por las autoridades.
Sin embargo, luego de un año y medio, la propuesta todavía no se consolida. Una de las razones, según la CNI, es que es necesaria una articulación de la sociedad civil para incidir de manera coordinada en la política pública, concretamente habla de rearticular el Consejo Nacional de Lucha Contra el Contrabando.
“En un periodo donde el contrabando representa alrededor del 8% del PIB, esto es, un mes de producción nacional, el Consejo facilitaría la implementación de medidas y normativas de lucha contra el contrabando como la reducción del valor del tributo omitido de la mercadería comisada de 200.000 UFV a 50.000 UFV para que sea objeto de sanción penal”, explica el asesor de la CNI, Hugo Siles.
