Edwin Carpio San Miguel | Activo$ Bolivia

El tema de los “autos chutos” vuelve a prender fuego en la política boliviana. Esta vez, la chispa la encendió Rodrigo Paz Pereira, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), con su propuesta de nacionalizar los vehículos indocumentados que circulan en el país.

¿El resultado? Un rechazo inmediato de la Cámara Automotor Boliviana (CAB) y la Asociación de Radio Móviles de Cochabamba (ARAMCO), cuyos representantes coincidieron en calificar la idea como una “apología al delito”.

La mirada de ARAMCO

Mauricio Leoni, su presidente, fue tajante: “Es descabellado pensar en incorporar más de un millón de autos robados al parque automotor”. Hace notar que Cochabamba ya está colapsada en tráfico y contaminación. Y si a eso se suma el ingreso masivo de vehículos ilegales, el panorama sería un desastre con más polución, más caos vial y mayor presión sobre el ya limitado suministro de gasolina y diésel.

Leoni incluso alertó que el solo anuncio de una posible nacionalización ya disparó el contrabando de autos. O sea, la promesa electoral está generando el efecto contrario: más chutos entrando al país.

La posición de la CAB

Del otro lado, Orlando Encinas, gerente de la CAB, recordó lo ocurrido en 2011, cuando una medida similar provocó un boom de robos de autos en países vecinos, sobre todo en Chile. “Si volvemos a abrir esa puerta, Bolivia será visto como receptor de vehículos robados”, advirtió.

Encinas asegura que hoy circulan en el país al menos 1,2 millones de autos chutos. “Cualquiera que diga menos está mintiendo. Hay registros claros en la zona franca de Iquique que muestran la magnitud del negocio”, enfatizó. Y lanzó la pregunta incómoda: “¿Por qué premiar a quienes optaron por la vía ilegal cuando tantos bolivianos cumplen con la ley y pagan sus impuestos?”.

Un problema que se repite

La CAB y ARAMCO coinciden en algo: nacionalizar no soluciona nada. Al contrario, legitima el contrabando, fortalece mafias y daña la imagen del país frente a sus vecinos. Lo que se necesita, dicen, es reforzar el control fronterizo y ordenar el parque automotor con políticas serias.

La propuesta de Rodrigo Paz reabrió un debate caliente que enfrenta intereses políticos, necesidades sociales y, sobre todo, el eterno dilema boliviano de qué hacer con los autos chutos. Para unos, representan un alivio económico para miles de familias; para otros, son la prueba de que la ilegalidad sigue marcando la agenda.

Lo que está claro es que, como coinciden los dirigentes: no se puede permitir que la política justifique el delito.