Redacción | Activo$ Bolivia
El aparato empresarial, productivo, industrial, de transporte y cívico de Cochabamba cerró filas y presentó este martes el Mandato Productivo de Cochabamba, un documento que plantea cinco medidas frente a la crisis de combustibles y la falta de previsibilidad que afecta a la economía.
Los sectores, articulados principalmente a través de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), que reúne a 20 sectores de la economía departamental, otorgaron al Gobierno Nacional cinco días hábiles para presentar respuestas formales, técnicas, documentadas y con plazos de ejecución.
El plazo concluirá el 8 de septiembre, durante la Asamblea Productiva Departamental, donde las organizaciones evaluarán públicamente las respuestas recibidas y definirán las siguientes acciones.
“No esperamos nuevas declaraciones de intención. Esperamos respuestas verificables sobre cada uno de los puntos planteados”, establece el documento, leído por el presidente de la Cámara Departamental de Transporte de Cochabamba (CDTC), Luis Jiménez.
El Mandato contempla cinco demandas centrales: modificar el Decreto Supremo 5676; garantizar el abastecimiento y transparencia de combustibles en los nueve departamentos; activar la capacidad nacional de refinación; transparentar los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el financiamiento externo; e instalar una Mesa Nacional de Seguridad Energética.
Cambiar el DS 5676
El primer planteamiento exige modificar el Decreto Supremo 5676 e incorporar a los sectores afectados en su modificación y reglamentación. Los empresarios consideran que la norma elevó costos y profundizó distorsiones de precios, mientras persisten los problemas de abastecimiento.
El presidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure, sostuvo que no es posible avanzar en una reactivación económica bajo las actuales condiciones y cuestionó que se adopten decisiones que afectan directamente a la producción sin consultar previamente a los sectores involucrados.
Desde la industria, Rafael Delgadillo, presidente de la Asociación de Empresarios Industriales de Santiváñez (AEIS), advirtió sobre el impacto de la crisis energética en los costos, la producción y la planificación empresarial. “Necesitamos resultados. Estamos agotados, ya no aguantamos más”, afirmó.
Más transparencia y producción nacional
El segundo punto plantea una programación nacional de combustibles con criterios técnicos y verificables, además de información pública diaria sobre despachos, inventarios, cobertura y trazabilidad en cada departamento.
La tercera propuesta apunta a incrementar la oferta nacional mediante el uso de la capacidad instalada de refinación. El sector productivo plantea aumentar progresivamente la utilización de la Refinería Gualberto Villarroel, en Cochabamba, y evaluar la importación de crudo compatible para procesarlo en Bolivia.
También propone establecer un Netback Nacional de Refinación que permita comparar periódicamente los costos de importar combustibles terminados frente a importar petróleo crudo y refinarlo en el país.
FMI y seguridad energética
El cuarto planteamiento reclama información oportuna sobre los compromisos, metas, requisitos y condiciones asumidos por Bolivia en acuerdos con el FMI y otros mecanismos de financiamiento externo.
Los sectores consideran que conocer anticipadamente estas condiciones permitirá generar mayor previsibilidad y evitar decisiones económicas reactivas que afecten a las familias, empresas, empleo e inversión.
Finalmente, plantean crear una Mesa Nacional de Seguridad Energética, con participación del Gobierno, YPFB y representantes empresariales, productivos y del transporte, para abordar abastecimiento, precios, refinación, importaciones y logística.
El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Carlos Quintela, llamó a mantener la unidad departamental para defender los intereses del aparato productivo.
Durante los próximos cinco días, los cinco puntos serán sometidos a seguimiento público bajo las categorías “cumplido”, “en proceso” e “incumplido”.
Si las respuestas son consideradas insuficientes, los sectores anticiparon que evaluarán acciones junto con organizaciones productivas de otros departamentos, la representación parlamentaria cochabambina y otras instancias institucionales de alcance nacional.
La premisa del Mandato es que Cochabamba busca que sus propuestas sean consideradas como parte de una agenda nacional para recuperar el abastecimiento, reducir la incertidumbre y generar condiciones para volver a producir, invertir y sostener el empleo.