Redacción | Activo$ Bolivia

La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) informó al Mercado de Valores que fue notificada por el Juzgado Público Civil y Comercial 11° de Sucre con un requerimiento de pago por Bs 744.315.432 a favor de FANCESA, con un plazo de 20 días para su cumplimiento.

La empresa sostiene que el requerimiento busca ejecutar una resolución que continúa sometida a control constitucional y sobre la cual existen actuaciones pendientes de resolución. Advirtió que, una vez vencido el plazo, podría iniciarse un proceso de ejecución coactiva.

SOBOCE señaló que actualmente está pendiente de resolución, ante la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, una solicitud de medida cautelar destinada a paralizar la ejecución mientras se resuelve la queja presentada por la empresa por el presunto incumplimiento de la Resolución Constitucional 136/2025, dictada a su favor.

Cuestionamientos al proceso

Según la compañía, la resolución cuyo cumplimiento se pretende ejecutar fue anulada previamente por la Justicia Constitucional debido a irregularidades que, a criterio de SOBOCE, todavía no habrían sido reparadas.

La empresa también cuestiona el origen del proceso, relacionado con una demanda por supuesta competencia desleal, acusación que asegura haber rechazado desde el inicio.

En paralelo, SOBOCE recuerda que mantiene desde hace 16 años un reclamo por la expropiación de sus acciones en FANCESA por parte del Estado. La compañía sostiene que el Estado no habría cumplido con el pago del justiprecio establecido en el Decreto Supremo N° 0616 del 1 de septiembre de 2010.

En su comunicación al mercado, SOBOCE vincula ambos procesos y sostiene que enfrenta ahora una obligación de magnitud significativa mientras continúa pendiente el pago correspondiente a la expropiación de sus acciones.

Una figura jurídica bajo cuestionamiento

Otro de los principales argumentos de la empresa está relacionado con los criterios utilizados para establecer los daños en la sentencia.

SOBOCE afirma haber denunciado diversos vicios procesales y cuestiona la incorporación de criterios que no habrían sido planteados en la demanda original para determinar daños a favor de una persona jurídica.

Uno de los puntos que la compañía considera especialmente relevante es la aplicación del concepto de “daño de proyecto de vida” a una sociedad comercial.

De acuerdo con SOBOCE, esta figura jurídica está concebida para reparar afectaciones vinculadas con la libertad existencial de una persona humana y su aplicación a una empresa constituiría un precedente que podría generar incertidumbre para otras sociedades.

La compañía sostiene que una eventual ejecución bajo estos criterios podría afectar la seguridad jurídica y generar consecuencias sobre las condiciones de acceso de Bolivia a inversión y financiamiento internacional.

Impacto sobre liquidez y mercado de valores

SOBOCE también alertó sobre las posibles consecuencias económicas de una ejecución por Bs 744,3 millones.

La empresa explicó que necesita mantener niveles adecuados de liquidez e inversión para garantizar la continuidad de sus operaciones y recordó que es un emisor vigente en el mercado de valores, con obligaciones frente a tenedores de bonos, entidades financieras, inversionistas y otros participantes del sistema.

En ese contexto, considera que la ejecución de la obligación podría tener efectos no solo sobre la compañía, sino también sobre el sistema financiero, el mercado de valores, el empleo y distintos sectores vinculados con sus actividades.

La empresa aseguró que adoptará medidas destinadas a preservar los derechos de sus trabajadores y garantizar la continuidad de sus operaciones, además del cumplimiento de sus compromisos con clientes, proveedores, acreedores y tenedores de bonos.

Evalúa nuevas acciones legales

Ante el escenario planteado por el requerimiento judicial, SOBOCE informó que analiza acciones legales adicionales para proteger sus derechos.

La estrategia contempla, según la compañía, agotar las instancias legales nacionales y evaluar mecanismos de arbitraje internacional.

Mientras tanto, el requerimiento establece un plazo de 20 días para el pago de los Bs 744.315.432 reclamados por FANCESA. La empresa sostiene que existen actuaciones constitucionales pendientes y busca que la ejecución sea paralizada hasta que estas sean resueltas.