Redacción | Activo$ Bolivia

Al tercer día de seguimiento al Mandato Productivo de Cochabamba, los sectores empresariales y productivos identifican avances parciales, pero ningún cumplimiento integral de los cinco puntos planteados al Gobierno.

Una evaluación difundida por la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), tres demandas se encuentran en proceso, mientras que dos permanecen sin avance público verificable. El plazo establecido por los sectores vence el martes 8 de septiembre, cuando la Asamblea Productiva Departamental evaluará las respuestas oficiales y definirá las siguientes acciones.

El primer avance corresponde a la modificación del DS 5676, aunque todavía persisten distorsiones. El DS 5698 permite a pequeños productores agropecuarios registrados adquirir entre 121 y 2.500 litros mensuales de diésel a Bs 9,80 por litro para consumo propio.

A ello se suma la actualización de la ANH del precio referencial del diésel importado para grandes consumidores, que bajó de Bs 18 a Bs 16,50 por litro. Sin embargo, todavía existe una brecha de Bs 6,70 frente al precio regulado, equivalente al 68,4%. Para una operación de 20.000 litros, la diferencia llega a Bs 134.000.

Los sectores consideran que la modificación continúa en proceso, porque aún debe resolverse de manera integral la relación entre precio, disponibilidad, trazabilidad y condiciones para los distintos operadores.

El segundo punto, referido a abastecimiento y transparencia, también registra avances. El Gobierno dispuso la intervención de YPFB mediante el DS 5697 y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos mediante el DS 5699, con el objetivo de revisar procesos de importación, distribución, trazabilidad y posibles desvíos.

No obstante, Cochabamba reclama información nacional, pública y periódica sobre volúmenes programados, despachos, inventarios y cobertura en los nueve departamentos.

El tercer punto en proceso es la transparencia sobre el financiamiento externo. El Proyecto de Ley 723/2025-2026, que contempla un financiamiento del FMI por DEG 1.369 millones, aproximadamente 1.900 millones de dólares, ya está en tratamiento en Diputados. Los sectores aguardan conocer integralmente las condiciones y compromisos contenidos en la Carta de Intenciones y los memorandos asociados.

En paralelo, permanecen sin avance público verificable dos demandas. La primera es la activación de la capacidad nacional de refinación, incluida la propuesta de utilizar mayor capacidad de la Refinería Gualberto Villarroel, importar crudo para procesarlo en Bolivia y aplicar un Netback Nacional de Refinación.

La segunda es la creación de una Mesa Nacional de Seguridad Energética, con participación del Gobierno, YPFB y los sectores empresariales, productivos y de transporte.

Así, al día 3, el balance es: tres puntos en proceso, dos sin avance verificable y ninguno cumplido integralmente.

Los sectores reconocen que las medidas adoptadas muestran movimiento institucional, pero demandan mayor velocidad, coordinación y resultados concretos. El próximo martes 8 de septiembre será el momento de evaluar si esos avances se traducen en respuestas efectivas al Mandato Productivo.