Redacción | Activo$ Bolivia

Bolivia sigue rezagada en materia de libertad económica. Según el Índice de Libertad Económica 2025, publicado por The Heritage Foundation, el país ocupa el puesto 30 de 32 en toda América y el 164 de 176 a nivel mundial, con una puntuación de apenas 44,1 puntos.

A pesar de un leve incremento de 0,6 puntos respecto a 2024, la economía boliviana sigue clasificada como «reprimida», una categoría en la que sólo figuran países con serios problemas estructurales, entre ellos Cuba y Venezuela. En contraste, Canadá (75,5), Chile (73,2) y Estados Unidos (70,2) lideran el ranking regional.

Un retroceso de décadas

El economista Luis Fernando Romero señala que, hace 27 años, Bolivia llegó a tener una puntuación de 68,8 puntos en este índice, lo que la posicionaba como una de las economías más abiertas de la región. Sin embargo, desde el año 2000, la situación ha cambiado drásticamente. La creciente intervención estatal, regulaciones estrictas y un sistema judicial vulnerable a la injerencia política han debilitado los pilares de la libertad económica.

El informe revela que el país enfrenta desafíos como la alta presión fiscal (88,8 puntos) frente a una pésima salud fiscal (4,4 puntos); falta de seguridad jurídica para la inversión, con puntuaciones bajas en derechos de propiedad (19,9) y libertad de inversión (15); control de precios en productos básicos como el azúcar, el maíz y el pan; y tipo de cambio fijo y escasez de divisas, que afectan la estabilidad monetaria.

¿Y ahora qué?

La falta de libertad económica no solo desincentiva la inversión extranjera, sino que también ahuyenta a los propios emprendedores bolivianos. Mientras tanto, la incertidumbre política y social sigue pesando sobre la economía.

Romero dice que, si bien algunos de los indicadores del estudio pueden ser debatidos, la conclusión es clara: Bolivia necesita un giro estructural para salir de esta crisis. Reformas en el ámbito laboral, tributario e institucional podrían ser la clave para revertir esta tendencia y devolverle al país la competitividad perdida.

La pregunta es: ¿habrá voluntad política para hacerlo?