Redacción | Activo$ Bolivia
Una severa crisis económica y laboral amenaza al sector constructor de Cochabamba. La Cámara Departamental de la Construcción (CADECO) ha lanzado una alerta pública denunciando que la Asociación Accidental Tunari (AAT) —consorcio responsable de la ejecución del Tren Metropolitano— arrastra una deuda acumulada que supera los 30 millones de bolivianos con unas 20 empresas subcontratistas nacionales.
A pesar de que el Tren Metropolitano se encuentra actualmente en pleno funcionamiento y prestando servicios a la ciudadanía, las empresas locales que hicieron posible la obra civil siguen esperando el pago de planillas de avance y la devolución del 7% retenido por concepto de «Garantía de Cumplimiento de Contrato», señaló el presidente de CADECO, Marcelo Zubieta.
Según el pronunciamiento público de Cadeco, muchas de estas obligaciones contractuales se encuentran congeladas de manera injustificada desde el año 2018.
Desglose de deudas con subcontratistas
Dentro del universo de afectados, Zubieta detalló la situación de un grupo de empresas (entre las que destacan sus asociadas EMCONASSITEC S.R.L. y BALCOS), a las cuales se les adeuda la suma exacta de Bs 4.328.060,78.
La lista de montos impagos por la Asociación Accidental Tunari incluye a:
- CONSTRUCTORA CHW: Bs 1.593.935,04
- EMPRESA BALCOS: Bs 1.295.349,53
- EMCONASSITEC S.R.L.: Bs 544.773,54
- TALLER AUTOMOTRIZ SAN JOAQUIN: Bs 412.424,00
- CONSTRUCTORA CACODAING: Bs 272.854,32
- (Otras empresas y proveedores locales como Empresa Sevnti 7, Wilson Calatayud, Alcalder, Toledo, Claudio Avilés y Ferretería Roca completan el saldo pendiente).
Denuncian «fuga» domiciliaria y evasión de responsabilidades
El ente gremial ha apuntado directamente contra los representantes legales de la Asociación Accidental Tunari, Alexandre Querub y Paola Mejía Arze, acusándolos de negarse a reconocer los compromisos económicos bajo el argumento de que corresponden a «administraciones anteriores».
Asimismo, la Cámara de la Construcción evidenció una alarmante falta de transparencia por parte de la AAT, señalando que el consorcio modificó su domicilio legal sin notificación previa, una maniobra que presuntamente busca evitar las citaciones y notificaciones notariales de las constructoras afectadas.
Impacto social: 1.000 familias en vilo
La asfixia financiera no solo compromete la viabilidad económica de las empresas constructoras bolivianas —que han cumplido estrictamente con sus obligaciones tributarias, sociales y financieras—, sino que pone en riesgo directo la estabilidad de más de 1.000 empleos directos generados por mano de obra 100% boliviana.
Exigen intervención inmediata del Gobierno
Ante la falta de voluntad de pago demostrada por la Asociación Tunari a lo largo de los años, Cadeco ha invocado el derecho de petición constitucional para exigir la intermediación del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV), la Unidad Técnica de Ferrocarriles (UTF) y el Ministerio de Economía.
La demanda gremial urge al Estado a fiscalizar el destino de los millonarios fondos públicos desembolsados al consorcio internacional. Conforme a las cláusulas del Contrato Llave en Mano original (No MOSPV 149), CADECO solicita formalmente que, si la Asociación Tunari persiste en el incumplimiento, el Gobierno proceda a la retención de los pagos pendientes destinados a dicha asociación para honrar de manera directa las planillas de los subcontratistas bolivianos que efectivamente ejecutaron las obras en el terreno.