Redacción | Activo$ Bolivia

Las principales instituciones empresariales del país expresaron su preocupación por las implicaciones que podría tener el litigio entre SOBOCE y Fancesa sobre la seguridad jurídica, la confianza de los inversionistas y el clima de inversión privada en Bolivia. A través de pronunciamientos públicos, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI) coincidieron en la necesidad de garantizar el respeto al debido proceso y al Estado de Derecho.

Los pronunciamientos fueron emitidos luego de que SOBOCE recordara que el Estado boliviano aún mantiene pendiente el pago de una indemnización superior a los 300 millones de dólares por la expropiación de su participación accionaria en Fancesa, dispuesta hace 16 años mediante el Decreto Supremo N.° 0616 de 2010.

CAINCO pide priorizar seguridad jurídica

CAINCO manifestó su preocupación por la situación que atraviesa SOBOCE, empresa afiliada que, según la entidad, ha realizado importantes aportes al desarrollo productivo, la inversión y la generación de empleo en el país. La institución señaló que el incumplimiento del pago establecido en el decreto supremo trasciende el interés de las partes involucradas y tiene relevancia para toda la economía nacional.

En ese contexto, hizo un llamado a las autoridades competentes para impulsar una solución definitiva al conflicto, priorizando la legalidad, la seguridad jurídica y el respeto al Estado de Derecho. Asimismo, remarcó que la confianza en las instituciones y el cumplimiento oportuno de las obligaciones asumidas por el Estado son fundamentales para promover la inversión y el crecimiento económico.

Temor por el clima de inversión

Por su parte, la Federación de Empresarios Privados de La Paz reafirmó su compromiso con la seguridad jurídica y expresó su preocupación por las consecuencias que este tipo de controversias puede generar sobre la certidumbre jurídica y el clima de inversiones en el departamento y el país.

La FEPLP sostuvo que cualquier controversia legal o patrimonial debe resolverse en estricto apego a la Constitución Política del Estado, las leyes vigentes y el debido proceso. Además, solicitó que las decisiones judiciales relacionadas con el caso, incluidos los alcances del Auto Supremo N.° 1190/2026 y las garantías constitucionales previamente activadas, sean adoptadas con absoluta objetividad, transparencia e imparcialidad.

El pronunciamiento también hace referencia al proceso por presunta competencia desleal que podría obligar a SOBOCE a pagar más de 744 millones de bolivianos. La federación reiteró su respaldo institucional al sector empresarial paceño y destacó la importancia de preservar los principios de proporcionalidad, equidad y legítima defensa.

Apego a la Constitución

La Cámara Nacional de Industrias se sumó a las preocupaciones expresadas por los otros gremios empresariales y advirtió que el caso podría afectar la confianza de los inversionistas y el clima de inversión en Bolivia. La entidad destacó que toda controversia debe ser resuelta conforme a la Constitución, las leyes vigentes y el respeto irrestricto al Estado de Derecho.

Asimismo, la CNI enfatizó que las decisiones relacionadas con el proceso deben garantizar las garantías procesales, la independencia institucional y la actuación objetiva de las autoridades competentes. La cámara reiteró que la seguridad jurídica constituye una condición indispensable para fortalecer el aparato productivo nacional y atraer nuevas inversiones.

Aunque los tres pronunciamientos fueron emitidos de manera independiente, todos coinciden en un mensaje central: la preservación de la seguridad jurídica, el respeto al debido proceso y la independencia judicial son elementos esenciales para mantener la confianza empresarial, promover la inversión privada y proteger la generación de empleo en el país.

Las instituciones empresariales se suman así a otras organizaciones del sector productivo y social que, en las últimas semanas, han manifestado su preocupación por las consecuencias económicas y laborales que podría tener el litigio entre SOBOCE y Fancesa, especialmente por el impacto que una eventual afectación a la cementera tendría sobre miles de empleos directos e indirectos vinculados a su actividad.