Redacción | Activo$ Bolivia

Tal como advertía el economista Gonzalo Chávez, Bolivia ha entrado de lleno en una fase de corrección abrupta de precios relativos, con una decisión que marca un quiebre histórico: el retiro de la subvención generalizada a los hidrocarburos. No es un ajuste gradual ni silencioso; es un golpe directo al corazón del modelo económico que sostuvo precios artificialmente bajos durante años.

Los números hablan por sí solos. La gasolina subió 86,1%, mientras que el diésel (el combustible que mueve camiones, tractores y buses) se encareció en 163%. Como bien señala Chávez, esta diferencia no es menor porque el diésel es la columna vertebral de la producción, el transporte y la logística. Cuando sube el diésel, todo sube después.

El efecto dominó que viene

El encarecimiento del diésel anticipa un efecto cascada sobre los costos de producción y, finalmente, sobre el precio de los alimentos y bienes básicos. No se trata de una hipótesis académica, sino de una dinámica conocida en la economía boliviana, donde transporte más caro significa insumos más caros y comida más cara.

Junto a este shock, el Gobierno también presentó un paquete de compensaciones sociales. Aumentó el salario mínimo en un 20%, elevó la Renta Dignidad en 43% y el bono Juancito Pinto en 50%. El mensaje, como apunta Gonzalo Chávez, es que hay que proteger con mayor fuerza a adultos mayores y estudiantes, mientras se confía en que el ajuste salarial sostenga el consumo de los trabajadores formales.

¿Y el sector informal?

Aquí aparece la primera gran tensión estructural. Bolivia es, ante todo, una economía informal. Cerca del 80% de la población económicamente activa no tiene salario mínimo, contrato ni estabilidad. Como advierte Chávez, para este enorme segmento el ajuste llega solo por el lado de los precios con transporte más caro e insumos más caros; pero sin compensación equivalente.

El diseño de las medidas beneficia principalmente al sector formal y a los beneficiarios de bonos estatales, dejando fuera a comerciantes, transportistas informales, cuentapropistas y pequeños productores urbanos y rurales.

El nuevo salario mínimo y la presión empresarial

El aumento del salario mínimo busca preservar el poder adquisitivo, pero también introduce un problema adicional. Muchas empresas privadas, especialmente pequeñas y medianas, ya operan en un contexto de recesión, caída de ventas y escasez de crédito. Como subraya Gonzalo Chávez, la política salarial funciona como compensación social, pero también como un factor de presión sobre el empleo formal.

El riesgo es conocido con menos contratación, más informalidad o, en el peor de los casos, cierre de unidades productivas.

Política, consensos y conflictos latentes

A este escenario se suma un componente político delicado. El ajuste se implementó sin un acuerdo amplio en la Asamblea Legislativa, algo que, según Chávez, habría sido clave para dotar de legitimidad y sostenibilidad a la medida. En Bolivia, los ajustes sin consenso suelen terminar en bloqueos, retrocesos o conflictividad social.

El caso del transporte es emblemático. No existen definiciones claras sobre tarifas urbanas, interprovinciales o interdepartamentales. Si suben, empujan la inflación; si se congelan, trasladan las pérdidas a un sector ya golpeado por el alza del diésel.

¿Y el Estado? La pregunta incómoda

Uno de los puntos más críticos del análisis de Chávez es lo que no se tocó: el gasto público. No hubo anuncios sobre cierre de empresas estatales deficitarias, recortes en planillas ni una racionalización más agresiva del aparato estatal. Al final, el ajuste recae principalmente sobre los precios y los ingresos de los hogares, en lugar de distribuir los costos entre el sector público y el privado.

La inflación y el dilema monetario

El riesgo macroeconómico más serio es una aceleración inflacionaria persistente. El shock del diésel puede desanclar expectativas, activar ajustes preventivos y empujar una espiral difícil de controlar. Para frenarla, el Gobierno podría verse obligado a aplicar una política monetaria contractiva: subir tasas de interés y restringir el crédito.

Pero, como advierte Chávez, esa medicina tiene efectos colaterales severos como menos inversión, menos consumo y una recesión más profunda. En una economía informal, con bajo acceso al crédito, este tipo de política suele ser regresiva y poco eficaz para controlar precios, mientras castiga con fuerza al empleo y la producción.

El verdadero examen

Bolivia enfrenta hoy un ajuste fiscal clásico, pero en un contexto social y productivo extremadamente frágil. El desenlace dependerá de tres factores clave, como resume Chávez:

1. Si el aumento salarial logra sostener el consumo.
2. Si se amplían las compensaciones hacia el sector informal y el transporte.
3. Y si la respuesta social convierte un ajuste anunciado en un conflicto abierto.

El equilibrio entre estabilizar la economía y evitar una recesión profunda será el verdadero examen de esta etapa. Fallar en ese equilibrio puede llevar al peor escenario posible: inflación alta con recesión, una combinación que en Bolivia suele erosionar rápidamente la legitimidad política y reactivar la conflictividad social.