Redacción | Activo$ Bolivia

El 5 de mayo marcó el inicio de un nuevo episodio de violencia rural en Bolivia. Ese día, la Hacienda Santa Rita, ubicada en el municipio de El Puente, provincia Guarayos, fue invadida por tercera vez por un grupo armado, en una acción que evidencia no solo la fragilidad del Estado de derecho en zonas productivas, sino también el avance de estructuras organizadas que operan con impunidad.

Según denunció públicamente la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), el operativo fue ejecutado por personas encapuchadas, montadas en motocicletas, con rifles, escopetas y tácticas de amedrentamiento, que lograron paralizar completamente las labores agrícolas. La propiedad, legalmente constituida, contaba con medidas precautorias de protección a la posesión emitidas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), sin embargo, la Policía no ejecutó hasta hoy ninguna acción efectiva de desalojo.

En conferencia de prensa, el gerente de ANAPO, Jaime Hernández, cuestionó la inacción de las autoridades, especialmente del Viceministerio de Régimen Interior y el Comando Nacional de la Policía. “El Estado no puede seguir tolerando que grupos armados se apoderen de propiedades y pongan en riesgo vidas humanas. Esto no es un conflicto de papeles: es un delito flagrante”, sentenció.

Los hechos descritos van más allá de una disputa agraria. Se trata de un patrón reiterado: ocupaciones violentas, uso de armas de fuego, destrucción de cultivos, bloqueo de caminos e infiltración de actores con órdenes de aprehensión vigentes, algunos incluso participando en reuniones del propio INRA, según denuncia ANAPO.

La situación ya se traduce en cifras alarmantes. De las 1.000 hectáreas previstas para el cultivo de maíz, solo se logró sembrar 380. Además, se encuentran en riesgo 3.500 hectáreas de soya y al menos 40 empleos directos, sin contar los indirectos. Las pérdidas económicas, aseguran desde el sector, son irreparables.

El silencio institucional no es menor. Aunque existen documentos que respaldan la legalidad de la propiedad y medidas cautelares en su defensa, no hay detenidos, ni operativos activos, ni presencia policial efectiva en la zona. Todo indica que estamos frente a una zona liberada, donde la ley no alcanza y el poder estatal se diluye.

El caso de Santa Rita no es aislado. Forma parte de una creciente preocupación del sector productivo sobre la proliferación de avasallamientos armados en tierras cultivables, con potencial impacto en la cadena de producción de alimentos del país. Hernández advirtió: “Si no se frena la invasión a Santa Rita, las propiedades aledañas también estarán en riesgo. Lo que está en juego es la producción de alimentos y la paz social”.

Hasta ahora, ni el Ministerio de Gobierno ni el INRA han emitido declaraciones formales tras las denuncias. La ausencia de respuestas institucionales alimenta la percepción de que los avasallamientos no solo son tolerados, sino que podrían estar siendo encubiertos desde instancias estatales.

La pregunta que queda flotando es inquietante: ¿Quién protege al que produce en Bolivia? Y, en un contexto de creciente inseguridad rural, ¿hasta cuándo podrán hacerlo?