Redacción | Activo$ Bolivia

La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) volvió a poner en el centro del debate la indemnización pendiente por la expropiación de su participación accionaria en la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA), un proceso que, según la empresa, lleva 16 años sin concretarse.

A través de un pronunciamiento dirigido a la opinión pública, autoridades y sector empresarial, SOBOCE sostuvo que su derecho a recibir una compensación por la expropiación de sus acciones continúa plenamente vigente.

El Decreto Supremo N° 0616, del 1 de septiembre de 2010, dispuso la expropiación de la participación del 33,34% que SOBOCE tenía en FANCESA y estableció su transferencia a favor de la Gobernación de Chuquisaca. La misma norma contemplaba la obligación de indemnizar a la empresa y fijaba inicialmente un plazo de 180 días para la valuación y el pago.

Sin embargo, SOBOCE afirma que la indemnización nunca fue pagada, pese al tiempo transcurrido desde la emisión del decreto.

Debate sobre quién debe pagar

La empresa cuestionó además que el debate sobre si corresponde al Gobierno central o a la Gobernación de Chuquisaca asumir la obligación se haya convertido, a su criterio, en un argumento para prolongar el incumplimiento.

SOBOCE sostiene que la Constitución Política del Estado reconoce el derecho a la propiedad privada y establece que ninguna persona puede ser expropiada sin una indemnización justa y previa.

“Sin cumplimiento efectivo no existe seguridad jurídica”, plantea la compañía, que vincula este caso con el debate actual sobre la necesidad de generar mejores condiciones para atraer inversiones al país.

Una señal para los inversionistas

Para SOBOCE, la controversia trasciende el ámbito empresarial y tiene implicaciones para la imagen de Bolivia como destino de inversiones.

La compañía sostiene que la falta de una solución también afecta sus derechos establecidos en el Convenio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Bolivia sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito el 30 de julio de 1993.

En ese marco, la empresa advierte que mientras una obligación derivada de una expropiación estatal permanezca pendiente durante años, las promesas de seguridad jurídica pueden perder credibilidad ante potenciales inversionistas.

SOBOCE mantiene abiertas las vías legales

La empresa afirmó que mantiene activas y vigentes todas las vías disponibles para hacer valer sus derechos de cobro, tanto en instancias nacionales como internacionales.

SOBOCE también reafirmó su compromiso con Bolivia, pero insistió en que la atracción de nuevas inversiones requiere señales concretas de respeto a los compromisos asumidos por el Estado.

El caso FANCESA vuelve así a colocar sobre la mesa una discusión que combina propiedad privada, obligaciones estatales, seguridad jurídica y confianza para la inversión: 16 años después de la expropiación, la indemnización reclamada por SOBOCE continúa pendiente.