Redacción | Activo$ Bolivia
El comercio ilegal de insumos agropecuarios en Bolivia ya no es un tema menor. Según datos presentados, en Santa Cruz, por APIA, APRISA y ASOSEMILLAS, el mercado de plaguicidas ilegales —entre falsificados, adulterados o mezclados— mueve entre 108 y 151 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, eso representa entre el 32% y el 44% de todas las importaciones legales. Es decir, casi la mitad del mercado.
Cifras que preocupan
El problema no se queda solo en los plaguicidas. El informe revela que el 57% del uso de semilla de soya y maíz es ilegal, mientras que la fertilización fuera del circuito formal alcanza al 69% del área agrícola.
Los datos provienen de una consultoría realizada por el Centro de Estudios Económicos (CEBEC) de CAINCO, que analizó el periodo 2018–2024 usando el método de “Equilibrio Oferta – Demanda”. En palabras sencillas, compararon lo que entra legalmente al país con lo que realmente se usa en el campo. La diferencia es, básicamente, lo ilegal.
Bolivia, por encima del promedio mundial
A nivel global, la UNICRI estima que el 25% del comercio de plaguicidas es ilegal. Pero en Bolivia, los números son mucho más altos, lo que deja en evidencia una situación crítica.
La razón es una combinación de factores estructurales: controles débiles, instituciones con poca capacidad operativa y un mercado informal que crece incluso en redes sociales.
Impacto no solo económico
El efecto de este fenómeno va mucho más allá de lo comercial. El uso de insumos ilegales impacta directamente en:
- La salud de productores y consumidores
- El medio ambiente
- La seguridad alimentaria
- La competitividad del sector exportador
Además, limita la generación de empleo formal, ya que estas actividades no aportan impuestos ni seguridad social.
Un problema estructural
Martín Ascarrunz, presidente de APIA, señala que el crecimiento del comercio ilegal no solo afecta al agro, sino a toda la economía nacional. También advierte que desincentiva la inversión y pone en riesgo la producción formal.
Otro punto crítico es la desventaja para las empresas formales. Mientras estas deben atravesar procesos de registro que pueden tardar hasta tres años para garantizar calidad, los productos ilegales ingresan al mercado sin ningún control.
El resultado son menos incentivos para innovar y desarrollar tecnología en el sector.
Urge una respuesta coordinada
Frente a este panorama, APIA, APRISA y ASOSEMILLAS piden acciones urgentes y articuladas. Apuntan a instituciones clave como el SENASAG, el INIAF, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando y la Aduana Nacional.
La conclusión es que, sin una estrategia integral y sostenida, el mercado ilegal seguirá ganando terreno en uno de los sectores más importantes del país.