Redacción | Activo$ Bolivia
En Bolivia, los accidentes de tránsito siguen viéndose como simples hechos policiales o tragedias aisladas. Pero detrás de cada choque, atropello o colisión existe también un enorme costo económico que el país todavía no sabe medir con precisión. Esa es la preocupación que lanzó el gerente del Automóvil Club Boliviano, Cristian Zambrana, quien advierte que la seguridad vial no solo debe entenderse como un tema de tránsito, sino como una crisis económica y de salud pública.
Actualmente, Bolivia no cuenta con un índice nacional que permita calcular cuánto dinero pierde el país cada año a causa de los accidentes viales. Y aunque existen estimaciones internacionales, todavía no hay una metodología propia que revele el verdadero impacto en hospitales, productividad, empleo y calidad de vida.
“La OMS estima que los accidentes cuestan el 3% del PIB, pero en Bolivia ese número es una estimación internacional. No sabemos con precisión cuánto gastamos en hospitales, cuánta productividad perdemos, cuántas familias caen en pobreza”, explicó Zambrana.
Si se toma en cuenta que la economía boliviana ronda los 40.000 millones de dólares, el golpe económico podría superar los 1.200 millones de dólares al año. Una cifra gigantesca para un país que enfrenta limitaciones en salud, infraestructura y empleo.
Pero el problema, según Zambrana, es todavía más profundo: Bolivia ni siquiera está midiendo correctamente el daño. Y cuando un país no mide un problema, difícilmente puede enfrentarlo.
“Sin ese índice no podemos gestionar el problema. La movilidad segura debe ser reconocida como una condición para el desarrollo económico”, sostuvo.
Más allá de las cifras, la preocupación también apunta al impacto humano. La Organización Mundial de la Salud advierte que cada año mueren aproximadamente 1,19 millones de personas en accidentes de tránsito en el mundo, mientras que entre 20 y 50 millones sufren lesiones, muchas veces permanentes o incapacitantes.
Además, los traumatismos viales son la principal causa de muerte entre jóvenes de 5 a 29 años. Es decir, el problema golpea justamente a la población más activa y productiva.
Las pérdidas económicas no solo provienen de la atención médica o las reparaciones. También incluyen la caída de productividad de personas fallecidas o discapacitadas, el tiempo que las familias destinan al cuidado de víctimas y la reducción de ingresos en miles de hogares.
Para Zambrana, en Bolivia todavía no existe conciencia sobre esa dimensión económica.
“La gente ve el accidente como una tragedia individual, pero no como una hemorragia económica colectiva. Cada accidente evitable es una escuela o un hospital que el país deja de construir”, afirmó.
La preocupación no es nueva. La Organización de las Naciones Unidas y la OMS vienen impulsando desde hace años políticas globales de seguridad vial. A través de la resolución A/RES/74/299, la ONU planteó la meta de reducir a la mitad las muertes y lesiones causadas por accidentes de tránsito hasta 2030.
Entre las medidas que promueve el llamado “sistema seguro” están mejores carreteras, controles de velocidad, vehículos más seguros, educación vial y un mayor cumplimiento de las normas.
Sin embargo, en Bolivia el debate todavía avanza lentamente.
Desde el ACB proponen crear una mesa técnica nacional integrada por el Instituto Nacional de Estadística, ministerios, universidades y especialistas para construir una metodología boliviana que permita medir el impacto económico real de los siniestros viales.
“Alguien tiene que empezar a contar la historia completa”, señaló Zambrana.
La meta planteada es ambiciosa: construir un índice nacional antes de 2027, reducir el costo económico de los accidentes del 3% al 2% del PIB y disminuir la mortalidad vial en un 50% hacia 2030.
Para el ejecutivo, invertir en seguridad vial no debe verse como un gasto, sino como una inversión con retorno económico.
“Cada boliviano que muere o queda discapacitado deja de producir. Perdemos talento, fuerza laboral y productividad”, explicó.
En otras palabras, el país no solo pierde vidas en las carreteras. También pierde oportunidades de crecimiento, desarrollo y bienestar.
Y mientras Bolivia siga viendo los accidentes únicamente como un problema de tránsito, continuará ignorando una de las fugas económicas más silenciosas y costosas del país.