Sandra Arias Lazcano | Activo$ Bolivia

Un modelo de Naciones Unidas, dos años antes de entrar a la universidad, bastó para ponerle rumbo a una vocación. Nicole Ángela Sánchez Rojas no había pensado en el Derecho como destino, pero algo se le quedó grabado en aquellas simulaciones diplomáticas al ver la forma en que las palabras, bien construidas, podían proteger a alguien.

Fue entendiendo cómo se construían los acuerdos y decidió estudiar leyes. No imaginaba entonces que ese impulso la llevaría a un terreno todavía sin mapa en Bolivia que es la intersección entre los derechos humanos y las máquinas.

Un escándalo digital y la pandemia

El punto de quiebre llegó en 2018. Mientras el mundo digería el escándalo de Cambridge Analytica, Nicole Sánchez empezó a preguntarse qué pasaba con los datos personales de los bolivianos en las plataformas digitales. Esa curiosidad se convirtió en su primera investigación sobre vulnerabilidad de datos en el país y también le dio la certeza de que había un vacío enorme entre la tecnología y los derechos que casi nadie estaba llenando.

De pronto, la pandemia aceleró todo. Los delitos digitales se multiplicaron mientras instituciones y profesionales improvisaban respuestas sin parámetros claros de seguridad. Nicole empujó su formación hacia estudios comparados en el ámbito iberoamericano, investigó identidad digital en el metaverso en 2022 y, más tarde, inteligencia artificial.

Entre 2024 y 2025, su trabajo en la Fundación InternetBolivia la llevó a las mesas donde se discuten las leyes, es decir, a la Asamblea Legislativa, las reformas al Código Penal sobre ciberdelincuencia y la primera guía boliviana de protección de datos y uso responsable de inteligencia artificial.

También participó en Misión Ciudadana, una aplicación con un agente de IA para que la gente supiera cómo hacer trámites y ejercer su ciudadanía.

Ese recorrido, sumado a su condición de Fellow de Internet Society y Líder de LACNIC (Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe), la llevó a fines de 2025 a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación, donde actualmente dirige el área de Gestión y Transformación Digital.

La ciberseguridad atinge a todos

Nicole Sánchez Rojas afirma que la ciberseguridad no dejó de ser tecnológica, pero se volvió también estratégica, jurídica y económica. Cita estándares como la ISO/IEC 27032 y la ISO/IEC 27001 no como formalidades, sino como llaves de acceso a mercados, porque una certificación reconocida genera confianza frente a clientes e inversionistas. Una empresa que no avanza en esta materia puede perder competitividad y contratos.

El diagnóstico sobre el terreno boliviano es desigual. El sector bancario, presionado por la regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), ha avanzado más que el resto; fuera de ahí, la jurista ve un país que necesita «habilitantes normativos transversales», empezando por una ley integral de protección de datos.

Ante la ausencia de tipos penales claros y la falta de capacidades institucionales para investigar vulneraciones digitales, la brecha entre el riesgo y la respuesta sigue creciendo.

Y hay un error que ve repetirse cuando se confunde seguridad con gasto en tecnología. De nada sirve tener sistemas sofisticados si el personal no sabe usarlos ni identificar un intento de phishing o ingeniería social.

La ciberseguridad, sostiene, descansa en tres patas inseparables: tecnología, normativa y personas, y el compromiso debe nacer desde la cúpula, porque sin liderazgo desde arriba cualquier protocolo queda en el papel.

Las consecuencias no son abstractas porque, por ejemplo, una filtración de datos puede destruir la confianza de los clientes. Nicole cuenta que ha visto compañías tecnológicas bolivianas trasladar operaciones a países con marcos normativos más sólidos porque sus clientes internacionales exigían garantías que Bolivia todavía no ofrece.

El abogado no solo revisa contratos

Para Sánchez, el rol del abogado corporativo cambió de raíz porque ya no interviene solo cuando el conflicto estalla, sino que participa en la estrategia desde el principio y ayuda a innovar sin exponer a la empresa.

Un buen asesor jurídico, resume, no es quien responde «no» a todo, sino quien explica los riesgos y construye alternativas viables. Esa mirada exige entender cómo funciona el negocio, sus datos y sus clientes; sin ese conocimiento, una recomendación jurídicamente impecable puede ser operativamente inútil.

Entre los riesgos legales más comunes de empresarios y emprendedores bolivianos, menciona contratos deficientes, protección insuficiente de activos intangibles, manejo inadecuado de datos personales y dependencia de proveedores tecnológicos sin condiciones claras. Muchas empresas, advierte, crecen de forma informal, digitalizándose sin revisar qué obligaciones asumen.

Una estrategia nacional para la IA

Sobre inteligencia artificial, Sánchez Rojas evita el extremo fácil porque no cree que Bolivia necesite todavía una ley específica sobre la materia. Señala que la IA se construye sobre algoritmos y datos, así que una regulación sólida de protección de datos sienta las bases para proteger a las personas frente a cualquier tecnología, presente o futura.

Lo que sí reclama con urgencia es una estrategia nacional que oriente la educación, la investigación y la legislación, sin copiar normas de otras jurisdicciones sin adaptarlas a la realidad boliviana. Entre los riesgos que empiezan a inquietarla están el ransomware, los deepfakes y el uso no controlado de herramientas de IA por parte del personal, que puede filtrar contratos o secretos comerciales en plataformas públicas.

Una beca como punto de inflexión

En 2026, Nicole Sánchez Rojas tiene previsto viajar al Reino Unido como becaria Chevening, un programa que persigue su misma filosofía: aprender no para acumular títulos, sino para generar impacto al volver.

Aclara que no fue un proceso de un año, sino una meta que empezó a construir desde 2020. Cree que lo que la llevó a conseguirla fue la coherencia de una trayectoria ya en marcha antes de postular, pues ya trabajó en investigación, docencia, sector público y sociedad civil.

Busca profundizar en informática forense, evidencia digital y gestión de incidentes, piezas que completan su formación jurídica, para volver con herramientas aplicables a los desafíos bolivianos, desde la persecución de ciberdelitos hasta una gobernanza de inteligencia artificial con enfoque de derechos humanos.

Preguntada por el legado que quiere dejar, no habla de una norma con su nombre ni de un cargo, sino de formar profesionales, fortalecer instituciones y abrir espacio para que más jóvenes, especialmente mujeres, entren a un campo hasta hace poco reservado a los ingenieros.

Su objetivo, dice, es demostrar que desde Bolivia también se puede producir conocimiento, liderar debates y proponer soluciones con relevancia internacional. Ahí cabe entero el argumento que ha construido, que el Derecho, bien entendido, no frena la tecnología; más bien la hace posible.