Edwin Carpio San Miguel | Activo$ Bolivia
El Parque Industrial de Santiváñez está bajo amenaza, afirman los empresarios asentados allí. Denuncian que tres sindicatos de transporte pesado mantienen presión sobre las industrias vulnerando, además, el estado de excepción. Los sindicalizados pretenden imponer fletes exorbitantes y controlar quién puede ingresar o salir de la zona industrial.
Tras 53 días de bloqueos vividos durante el primer semestre del año, las consecuencias comienzan a golpear la competitividad, los contratos y las operaciones de 150 empresas que generan más de 7.000 empleos en el parque industrial. El sector privado advierte que, si las autoridades no frenan esta situación, Santiváñez podría convertirse en otro caso similar al de Manaco, con industrias obligadas a cerrar y miles de familias condenadas a perder su sustento.
La denuncia fue realizada hoy por Rafael Delgadillo, presidente de la Asociación de Empresarios Industriales de Santivañez y varios representantes empresariales, quienes acusan a los sindicatos Nueva Esperanza, San Isidro y uno más pequeño de romper el acuerdo suscrito en marzo de 2026, que garantizaba la libre transitabilidad, contratación y negociación entre empresas y transportistas.
Según Delgadillo, el incremento del precio del diésel fue utilizado como argumento para abandonar el diálogo e imponer unilateralmente fletes que califican de abusivos y exorbitantes.
La situación habría escalado hasta las agresiones físicas. Los empresarios denuncian que los transportistas detienen camiones, impiden el paso de vehículos, pinchan llantas, amenazan y golpean a conductores, además de realizar actos de amedrentamiento contra quienes intentan trabajar con otros operadores. Incluso aseguran que algunos camiones tuvieron que salir de la zona durante la noche y con custodia para evitar ser interceptados.
El conflicto provocó la pérdida de contratos y graves perjuicios económicos a varias industrias, aunque todavía no existe una cuantificación oficial del daño.
La preocupación empresarial apunta a las consecuencias de una paralización prolongada. Varias industrias dependen del transporte pesado para abastecerse de materias primas y despachar su producción. Advierten que si no hay condiciones, algunas podrían verse obligadas a reducir operaciones, cerrar sus puertas o abandonar Santiváñez.
Por su parte, Alberto Arze, gerente de la ICAM-Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba, censuró la inacción de las autoridades municipales, departamentales y policiales, pese a las denuncias presentadas. Anunció el apoyo institucional de la ICAM que impulsará acciones judiciales contra los responsables de los bloqueos y contra los funcionarios que, a su criterio, incumplen sus deberes.