Redacción | Activo$ Bolivia
La Cumbre Extraordinaria de Presidentes de Entidades Empresariales concluyó este martes en Cochabamba con una postura unificada del empresariado boliviano frente a la crisis económica. La principal conclusión fue que el país necesita seguridad jurídica, libre transitabilidad y una mayor participación del sector privado en la definición de las políticas económicas para recuperar la confianza, proteger el empleo y reactivar la producción.
El encuentro reunió a 59 entidades empresariales nacionales y departamentales, representando a sectores como industria, comercio, turismo, exportaciones, agropecuaria, transporte, construcción, minería, energía, hidrocarburos, gastronomía y servicios, entre otros.
Durante la jornada, los dirigentes coincidieron en que la seguridad jurídica es el pilar para atraer inversiones, garantizar la estabilidad de las empresas y generar condiciones adecuadas para producir. También señalaron que las decisiones económicas deben construirse junto a quienes sostienen la actividad productiva y el empleo.
Uno de los principales consensos fue que el sector privado debe participar de manera institucional en el diseño de la política económica nacional. Para ello, la cumbre propuso crear un mecanismo permanente de coordinación entre el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sectores productivos, que permita analizar y acompañar leyes, decretos y medidas que impacten en la economía.
El documento también plantea la puesta en marcha de un Plan de Emergencia Económica para apoyar a las empresas afectadas por la crisis. Entre las medidas propuestas figuran mayor liquidez, acceso a financiamiento, alivio tributario y arancelario, eliminación de multas de la presente gestión, créditos fiscales compensatorios, simplificación de trámites e impulso a las compras estatales.
Otro de los temas que concentró la atención fue la libre transitabilidad. Los empresarios advirtieron que los bloqueos y la interrupción de rutas provocan pérdidas económicas, aumentan los costos logísticos, afectan el abastecimiento y ponen en riesgo miles de fuentes de empleo. Por ello, pidieron que la protección de carreteras, corredores productivos, aeropuertos, plantas de combustible y centros logísticos sea considerada una prioridad nacional.
Desde Cochabamba, los participantes también definieron una agenda con dos niveles de acción. En el corto plazo plantean garantizar combustible, liquidez, reducción de costos logísticos y continuidad de las operaciones productivas. A mediano plazo proponen impulsar reformas en materia tributaria, laboral, infraestructura, energía, innovación, desarrollo de zonas económicas y reducción de la burocracia.
Las conclusiones de la cumbre serán sistematizadas en un documento que será presentado a las autoridades nacionales con el propósito de abrir un espacio de coordinación público-privada para impulsar la reconstrucción productiva del país. El mensaje final fue contundente: sin seguridad jurídica, reglas claras, libre transitabilidad y participación del sector privado, será difícil recuperar el crecimiento económico y la confianza para invertir en Bolivia.