Redacción | Activo$ Bolivia

Los bloqueos en Cochabamba dejaron de ser un problema únicamente de tránsito para convertirse en una amenaza directa contra la economía, la producción y la propiedad privada. En lo que va de 2026, las pérdidas acumuladas ya alcanzan los Bs 1.059,8 millones, según un reporte técnico de la Unidad de Análisis Económico (UAE) de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC).

La cifra refleja el impacto de una escalada de conflictos sociales que, además de interrumpir rutas estratégicas, afectan operaciones empresariales, dañan mercancías y generan incertidumbre en distintos sectores productivos. Solo este miércoles 20 de mayo se contabilizaron 18 puntos de bloqueo activos en rutas hacia el occidente, oriente y sur del país, con una afectación económica diaria estimada en Bs 55,2 millones.

El informe detalla que desde el inicio de la gestión se registraron 389 conflictos y protestas sociales, los cuales derivaron en 24 días efectivos de bloqueo en corredores clave del departamento. Para la FEPC, el problema ya no se limita a la libre transitabilidad, sino que representa un deterioro de la seguridad jurídica y de las condiciones mínimas para producir, invertir y generar empleo.

La entidad empresarial advierte que en varios puntos de conflicto se reportaron hechos de violencia, amenazas, daños materiales y actividades vandálicas que afectan vehículos, infraestructura productiva, instalaciones comerciales y carga transportada. Esto incrementa el riesgo patrimonial de empresas y transportistas, elevando los costos operativos y debilitando la confianza del sector privado.

“El impacto deja de ser únicamente logístico y se convierte en una afectación patrimonial directa”, señala el reporte técnico de la UAE-FEPC. Según el documento, cada hecho de violencia multiplica las pérdidas económicas y reduce la previsibilidad necesaria para sostener la actividad productiva.

La preocupación crece debido a la posición estratégica que ocupa Cochabamba dentro de la conectividad nacional. El departamento funciona como un nodo logístico que articula el occidente, oriente y sur del país. Datos incorporados en el estudio indican que diariamente circulan alrededor de 141.380 vehículos por las rutas que atraviesan la región.

De ese total, más de 62 mil vehículos se movilizan hacia el occidente por el tramo Cochabamba–Vinto, mientras que más de 55 mil transitan hacia el oriente por la vía Cochabamba–Sacaba. A esto se suman otros 23 mil vehículos que utilizan rutas secundarias y vecinales.

La magnitud del flujo vehicular explica por qué cada bloqueo tiene efectos inmediatos sobre la economía nacional. La interrupción de corredores estratégicos paraliza el transporte pesado, afecta el traslado de pasajeros, retrasa la distribución de alimentos y combustibles, dificulta el ingreso de medicamentos y encarece el movimiento de mercancías.

Además, muchas empresas y transportistas se ven obligados a utilizar rutas alternas con menor capacidad técnica y mayores distancias, lo que incrementa el desgaste de vehículos, los tiempos de traslado y el consumo de combustible.

El reporte identifica cinco efectos principales provocados por los bloqueos: interrupción logística, incremento de costos operativos, pérdida y deterioro de mercadería, afectación patrimonial y presión sobre los precios. Estas consecuencias terminan impactando no solo a las empresas, sino también a comerciantes, productores, trabajadores y consumidores.

Sectores como la agroindustria y la producción alimentaria enfrentan dificultades para trasladar productos frescos, mantener cadenas de frío y recibir insumos. En la industria y manufactura se registran retrasos y caídas en la productividad, mientras que el comercio sufre reducción de inventarios y encarecimiento en la reposición de productos.

La FEPC sostiene que la afectación patrimonial va mucho más allá del daño físico inmediato. La propiedad privada también incluye contratos, flujos de caja, reputación comercial y capacidad operativa. Por ello, cada jornada de bloqueo profundiza la incertidumbre económica y encarece la actividad productiva en uno de los departamentos más importantes para la conectividad del país.